Los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés pidieron a la Justicia ampliar la denuncia presentada en el mes de mayo, que originó la megacausa de la “mesa judicial macrista”. La ampliación agrega información que confirmaría el rol de Patricia Bullrich como "parte central de una asociación ilícita". Sus objetivos consistían en la "persecución” y el "disciplinamiento" de dirigentes sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, Guillermo Pereyra de Petroleros y Héctor Ponce, el líder de los trabajadores lecheros.

En el documento, señalan al ex presidente Mauricio Macri como el máximo responsable de dichas acciones ilícitas, era quien "emitía las órdenes y trazaba las estrategias" de los delitos llevados a cabo.

Según la información presentada, se confirma que Guillermo Pereyra señaló que durante un viaje institucional a los Estados Unidos durante el 2017, el entonces presidente Mauricio Macri le dijo: “A ese tipo lo voy a meter preso”, en referencia a Héctor Ponce. Este relato se corresponde con las denuncias y los sucesivos allanamientos de la Policía Federal que sufrió el gremio ATILRA. “Las investigaciones surgieron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependía del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo en aquel entonces", recordaron los diputados y agregaron que el objetivo de esta persecución al gremio dirigido por Ponce tenía como objetivo "disciplinarlo para que posteriormente, en 2018, Ponce negocie paritarias en línea con la pauta oficial del 15%".

"Esta maniobra evidencia que era el mismísimo Mauricio Macri quien diseñaba las tácticas de la mesa judicial para perseguir opositores", concluyeron los denunciantes.