En Argentina, el discurso político suele llenarse de palabras como “inclusión” y “justicia social”.
Sin embargo, cuando se trata de las personas con discapacidad, el Estado —tanto nacional como provincial— parece haber perfeccionado el arte de la omisión.
A pesar de contar con un marco legal robusto, la realidad laboral para este colectivo es, sencillamente, desoladora: 9 de cada 10 personas con discapacidad están desempleadas.
Esta cifra no es un accidente estadístico; es el resultado de un incumplimiento sistemático de la ley.
A nivel nacional, la Ley N.º 22.431 establece un cupo mínimo del 4 % en la administración pública. En nuestra provincia de Córdoba, la Ley N.º 5.624 replica esta obligación con un cupo mínimo del 5 % en la administración pública.
Ambas normas no son sugerencias ni expresiones de buena voluntad: son mandatos legales derivados de la Constitución Nacional y Provincial, que buscan garantizar el derecho humano al trabajo de las personas con discapacidad.
Una deuda transversal
La pregunta que nos interpela como sociedad es: ¿dónde está la política? Las oposiciones, tan prestas a señalar errores ajenos, parecen haber olvidado esta bandera en sus plataformas de campaña y de gestión.
Las personas con discapacidad no solo merecen ser representadas; tienen el derecho inalienable a que se les garantice su autonomía a través del empleo.
Por otro lado, el silencio de los organismos de derechos humanos y de las Defensorías del Pueblo —tanto de la Nación como de la provincia de Córdoba— resulta alarmante. Su función es ser el último resguardo ante la vulneración de derechos constitucionales.
¿Cuántas recomendaciones más, cuántos informes anuales se necesitan antes de que el incumplimiento del cupo sea tratado como la emergencia que es?
La urgencia de la respuesta
No se trata de falta de capacidad. Las personas con discapacidad quieren trabajar, tienen formación y desean una reinserción laboral y social genuina.
Lo que enfrentan, en cambio, es una pared de discriminación estructural.
La política no solo les impide el acceso: las condena a la dependencia y a la invisibilidad.
Es imperativo que el cumplimiento de los cupos laborales sea prioridad en la agenda pública actual.
El Estado no puede ser el primer infractor de sus propias leyes.
La inclusión no es un acto de caridad; es una obligación legal y un acto de justicia elemental.
Las personas con discapacidad necesitan respuestas urgentes: la dignidad no puede seguir esperando en una lista de expedientes cajoneados.