El Decreto 690/2026 es, sin eufemismos, otra herramienta del nefasto gobierno de Javier Milei en contra del trabajo argentino, la seguridad de la navegación y la soberanía logística nacional. Presentado bajo la habitual retórica de "modernizar la navegación" y reducir costos logísticos, su contenido real plantea y adelanta consecuencias destructivas para el sector. Cuando la reducción de costos se convierte en el único norte, lo que se pone en jaque es el trabajo, la capacidad del Estado para garantizar un sistema seguro en nuestras vías navegables y, en definitiva, nuestra soberanía.
Es fundamental entender que este no es un debate corporativo. Está en juego un servicio de interés público cuyo objetivo principal e innegociable es proteger la vida humana, prevenir accidentes, preservar el ambiente y garantizar una navegación eficiente.
El practicaje y la baquía constituyen funciones profesionales de igual jerarquía dentro del sistema nacional de seguridad de la navegación, cada una con sus respectivas características, zonas de operación y porte de buques. Ambas requieren una elevada capacitación técnica, experiencia comprobada y un profundo conocimiento de nuestros ríos, canales y puertos. Su aporte no puede medirse únicamente en términos económicos, sencillamente porque representan uno de los principales mecanismos de prevención de siniestros.
La seguridad no puede quedar subordinada a los costos
Toda política pública destinada a mejorar la eficiencia del transporte es bienvenida. Sin embargo, cuando la reducción de costos se erige como el criterio dominante, caemos en el gravísimo riesgo de relegar aquello que nunca puede flexibilizarse: la seguridad.
La navegación comercial involucra vidas humanas, cargas estratégicas, infraestructura portuaria y la continuidad del comercio nacional e internacional. Un accidente grave puede generar pérdidas humanas, daños ambientales irreparables y costos económicos infinitamente superiores a cualquier "ahorro" que se intente obtener mediante la reducción de exigencias operativas. La seguridad no constituye un obstáculo para el desarrollo; es la condición indispensable para que este sea sostenible.
El impacto sobre el trabajo y la independencia técnica
El Decreto 690/2026 modifica aspectos que afectan de lleno las condiciones en que desarrollan su actividad prácticos y baqueanos. La creciente presión por achicar gastos, sumada a la flexibilización de determinados mecanismos de prestación, debilita la independencia técnica con la que estos profesionales deben ejercer una función cuya prioridad absoluta es evitar tragedias.
Cuando un profesional se ve condicionado por intereses comerciales, el sistema de prevención se resquebraja y el riesgo operativo se dispara. Por ello, la defensa de condiciones laborales dignas no es únicamente una reivindicación sindical: es una garantía para toda la comunidad, porque protege la independencia necesaria para tomar decisiones basadas exclusivamente en criterios de seguridad. En este escenario, los sindicatos y centros profesionales cumplen un rol fundamental para preservar los estándares que la navegación argentina ha construido durante décadas.
Prácticos y baqueanos: un mismo escudo protector
El practicaje y la baquía no son actividades enfrentadas, sino funciones complementarias. Ambas representan un conocimiento profesional especializado, acumulado a través de años de formación y experiencia en el agua. Debilitar cualquiera de estas funciones implica vulnerar la capacidad preventiva del sistema en su conjunto. La experiencia de quienes conocen las particularidades de nuestras vías navegables es un patrimonio técnico que le pertenece al Estado argentino y a toda la sociedad.
Garantizar una navegación segura significa proteger comunidades ribereñas, ecosistemas y cadenas logísticas. Por ello, el conocimiento técnico de estos trabajadores es, por definición, una herramienta de soberanía. La modernización no puede construirse debilitando las capacidades nacionales ni reduciendo los mecanismos preventivos. Facilitar operaciones sin control, sin verificar experiencia ni conocimientos técnicos, no es eficiencia: es una decisión inconcebible que el país pagará muy caro.
Nuestra posición es clara
Las organizaciones representativas del practicaje y la baquía no defienden privilegios; defienden un sistema que históricamente ha salvado vidas y protegido nuestro entorno. Los trabajadores especializados no son un "costo innecesario", sino el pilar de la seguridad del sistema. Reducir estándares profesionales para abaratar tarifas generará consecuencias mucho más gravosas que cualquier ahorro inmediato.
El Decreto 690/2026 merece una revisión profunda y técnica, con la participación protagónica de los profesionales afectados. De no ser así, su destino es el de un rotundo fracaso.
Modernizar no es desregular a cualquier costo. Modernizar significa incorporar eficiencia sin resignar seguridad, profesionalismo, trabajo argentino ni interés nacional. Porque cuando la seguridad se considera un gasto y no una inversión, quienes terminan pagando las consecuencias son los trabajadores, el Estado y la sociedad entera.
Un capítulo aparte merecerían el ministro desregulador y sus secuaces funcionarios del área. Ya entregaron el Río Paraná, ahora Practicaje y Baquía, próximamente intentaran destruir todo lo que flota de Bandera Argentina y sus trabajadores.
Solo un gobierno de las características ampliamente demostradas por el del presidente Javier Milei y sus mandantes —destructivo, extranjerizante y antiargentino— puede avanzar con medidas como esta. Por ese lado, tristemente, ya nada nos sorprende.