Pese a que los números de empleo son uno de los pocos indicadores vigorosos que tiene para mostrar el Gobierno en materia socio-económica, en Juntos por el Cambio trabajan en una profunda reforma laboral con el objetivo de darle impulso en caso de acceder nuevamente al poder el 10 de diciembre próximo. El argumento es que “hace 10 años no se crea trabajo”, en verdad, de calidad, que permita a los asalariados surfear las condiciones de precariedad que en tiempos de alta inflación se vuelven perniciosas para poder afrontar el costo de vida.
De acuerdo a los últimos datos oficiales del SIPA que computa el ministerio de Trabajo sobre empleo registrado, en diciembre los asalariados formales del sector privado crecieron un 0,23% completando 29 meses de suba ininterrumpida. Se registró, así, un alza interanual del 4,4%, sumando casi 265 mil nuevos trabajadores. Los rubros más beneficiados por esta tendencia fueron hotelería, gastronomía y construcción, seguidos por minería, comercio e industria.
También el sector público registró un aumento en la cantidad de empleados superando levemente la comparación con el crecimiento vegetativo de la población (1,5%). Pero en este sector, quizás por el ajuste en las cuentas públicas del último semestre de 2022, el ritmo de crecimiento fue bajando paulatinamente hasta finalizar el año 2022.
Sin embargo, un análisis pormenorizado del fenómeno da cuenta que en el mayor crecimiento en la ocupación registrada siguen picando en punta los cuentapropistas: el año pasado los monotributistas se incrementaron un 6,6% y los monotributistas sociales -aquellos que, por ejemplo, trabajan en la denominada economía popular- un 39%.
Este, en verdad, es el diagnóstico de los técnicos de JpC para dar impulso a una enmienda en la legislación laboral que, aducen, facilitaría la llegada de inversiones y, por ende, la creación de mejor empleo. “A nosotros también nos pasó (que sólo crecieran los monotributistas) por eso hay que hacer cambios en temas laborales y sentarse rápidamente con la CGT”, en caso de volver a ser gobierno, indicó a este medio un ex funcionario de Cambiemos consultado.
En las fundaciones de los partidos que componen la alianza opositora están trabajando básicamente en las mismas reformas que en su momento Cambiemos había propuesto y el Senado nacional terminó “bochando” en 2018. En ese momento se adujo que, tras un acercamiento de la central obrera con el por entonces oficialismo, la creación de “fondo para despidos” que reemplazaría a la clásica indemnización había sido el principal motivo de discordia entre los negociadores oficiales y los jefes sindicales.
En la oposición quieren “universalizar” ese mecanismo que utiliza la UOCRA para compensar un eventual cese laboral. También impulsan un “blanqueo laboral” y otros mecanismo que flexibilicen las formas de contratación. Hay “halcones”, con todo, que señalan que en caso de volver al poder, se debería “mostrar los dientes” rápidamente al movimiento obrero organizado y amenazar con cambiar “la ley de asociaciones sindicales”, tal como en 1984 intentó, sin éxito, el gobierno de Raúl Alfonsín.