La medida más preponderante del denominado “Programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso”, la suma fija de $60 mil a trabajadores, interpela al oficialismo por la resistencia que muchos gobernadores del PJ exponen en su aplicación y por el taxativo respaldo de una CGT que en el pasado la había rechazado por considerarla incompatible con las paritarias.
La batería de iniciativas que el pasado domingo anunció el ministro-candidato Sergio Massa busca mitigar los efectos del salto inflacionario de las últimas semanas causado por una devaluación que no hizo otra cosa que fogonear una dinámica al alza de los precios.
Si bien se esperaba el rechazo al pago del ingreso no remunerativo por parte de las empresas –la UIA e instituciones como FECOBA argumentaron su “imposibilidad” de aplicarla porque perjudicarían el normal funcionamiento de las paritarias ya pactadas-, sorprendió que muchos gobiernos peronistas tampoco se sumarán a la medida.
Es decir, provincias con buena sintonía con el Ejecutivo como La Pampa, Chaco, Salta, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán y Santa Cruz rechazaron abonar las dos cuotas de $30 mil con los sueldos de agosto y septiembre casi con los mismos argumentos esgrimidos por las centrales empresarias, al igual que lo hicieron distritos gobernados por la oposición como CABA y Jujuy.
Si bien aducen que dicha medida complicaría el cumplimiento de las paritarias, por los aumentos ya pactados, en verdad no estarían en condiciones de hacer frente al gasto fiscal. Es que la Nación trasladó a las provincias y municipios la responsabilidad de solventar dichas erogaciones. Pese a las versiones encontradas de las últimas horas, en el Palacio de Hacienda ratificaron que “las provincias son autónomas” y deberían encontrar las herramientas para solventar los bonos no remunerativos.
Los detalles de la instrumentación
En las próximas horas se publicaría un decreto reglamentario para establecer las condiciones del pago pero por ahora se descarta un DNU para obligar a las provincias a conceder dichos beneficios.
Luego del resultado de las PASO y los efectos de la posterior devaluación, Sergio Massa y su equipo diagramaron el plan de estímulo a la demanda para hacer lugar al reclamo del kirchnerismo y de un sector del sindicalismo que desean recomponer ingresos urgentemente como forma de aumentar las chances de mejorar la performance de UP en las elecciones generales.
A diferencia de lo ocurrido en 2022, Massa cuenta con el respaldo de la CGT para el pago de una suma fija. Si bien anteriormente se habían opuesto a esta herramienta, en esta ocasión acompañaron con el argumento que la misma podría ser incluida en las actuales paritarias. Lo que en verdad ocurre es que la central obrera mantiene una alianza estratégica con el candidato presidencial que incluso ha llegado a que en las últimas horas varios gremios utilizaran sus cuentas de redes sociales para hacer marketing electoral en beneficio del líder del Frente Renovador.
Respaldo de los gremios K
Los gremios que orbitan alrededor de la Vicepresidenta también dieron su respaldo. El principal vocero fue “Paco” Manrique, candidatos a diputado nacional, que consideró una medida necesaria para recomponer ingresos.
En tanto, Hugo “Cachorro” Godoy, desde la CTA Autónoma, calificó el pago remunerativo como “insuficiente” y que además llegó con retraso porque desde la central estatal lo habían reclamado en marzo pasado antes de la última disparada inflacionaria.