La crisis salarial de los trabajadores municipales bonaerenses llegó a un punto crítico. Prácticamente la totalidad del sector cobra por debajo de la línea de pobreza y, en algunos distritos del conurbano, los ingresos de los trabajadores que recién ingresan al Estado local están directamente al borde de la indigencia. Frente a este escenario, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) comenzó a endurecer sus medidas de fuerza y anticipó que, si no hay respuestas a sus reclamos, las protestas serán cada vez más drásticas.
La advertencia llegó después de una escalada de acciones sindicales que incluyó el corte completo de la autopista Buenos Aires-La Plata y, dos semanas antes, la interrupción de la colectora de la autopista Panamericana. Desde la organización sostienen que el malestar acumulado entre los trabajadores ya no encuentra canales institucionales de resolución y que la situación económica de miles de familias municipales se volvió insostenible.
Los números explican la dimensión del conflicto. En municipios como Merlo y Esteban Echeverría, un trabajador ingresante puede percibir entre $200.000 y $300.000 de bolsillo. Se trata de remuneraciones que rozan la línea de indigencia, estimada en torno a los $240.000, el monto necesario para cubrir exclusivamente la Canasta Básica Alimentaria, sin contemplar ningún otro gasto.
La distancia con la línea de pobreza es todavía más dramática. Para cubrir una canasta básica total, una familia necesita alrededor de $1,5 millones, una cifra que dentro de los escalafones municipales solamente alcanza el personal jerárquico, con título profesional, antigüedad y responsabilidades de conducción, y ni siquiera en todos los distritos.
A ese deterioro se suma una pérdida del poder adquisitivo superior a los 30 puntos desde diciembre de 2023. El ajuste sobre los ingresos, combinado con el encarecimiento de los bienes y servicios esenciales, empujó a buena parte de los trabajadores a buscar alternativas para completar sus salarios.
Durante los últimos años se volvió habitual que empleados municipales recurran a aplicaciones de reparto y transporte, changas, pequeños emprendimientos o la venta de artículos por cuenta propia. Sin embargo, esa estrategia también empieza a mostrar sus límites: la saturación de productos y servicios en los barrios populares reduce las posibilidades de generar ingresos adicionales y obliga a muchas familias a acudir a comedores y merenderos comunitarios, incluso parroquiales.
Precarización laboral y desfinanciamiento de las cajas provinciales
El reclamo de FESIMUBO no se limita a la cuestión salarial. La federación también denuncia el desfinanciamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS), además de la demora del Gobierno bonaerense en convocar al Consejo del Empleo Municipal (CEM), un ámbito previsto en la Ley 14.656 para discutir las condiciones laborales del sector.
Uno de los principales focos de preocupación es el crecimiento acelerado de las contrataciones precarias en los municipios. Cada vez más intendentes recurren a monotributistas y cooperativistas para cubrir tareas permanentes, mientras demoran los pases a planta y evitan incorporar a esos trabajadores bajo los regímenes laborales correspondientes.
El mecanismo no solamente deteriora las condiciones de empleo y deja a miles de trabajadores sin los derechos asociados a la estabilidad laboral, sino que también tiene consecuencias sobre el financiamiento de los organismos provinciales.
Según estimaciones de un centro de estudios sindical, estas modalidades de contratación representan para el IOMA una pérdida de alrededor de $90.000 millones anuales en recursos que deja de percibir. La explicación es que esos trabajadores aportan bajo regímenes vinculados a ARCA y no realizan las contribuciones correspondientes a las cajas provinciales, con el consiguiente perjuicio para el propio Estado bonaerense.
Precisamente, esas prácticas deberían formar parte de la agenda del Consejo del Empleo Municipal. Sin embargo, la convocatoria continúa sin concretarse y la falta de respuestas profundiza el malestar sindical.
La Ley 14.656 fue impulsada en 2014 por el dirigente municipal Doval durante su paso por la Cámara de Diputados bonaerense. Desde el sector recuerdan que ni Daniel Scioli ni María Eugenia Vidal cumplieron con su implementación durante sus respectivas gestiones, y cuestionan que esa deuda institucional continúe sin resolverse.
La advertencia de los municipales: “Hay que ver qué pasa si hay otra pandemia”
El enojo de los trabajadores también tiene una dimensión política y social. Desde FESIMUBO reivindican el papel que desempeñaron los municipales durante la pandemia de coronavirus, cuando sostuvieron servicios esenciales en condiciones extremas, mientras ahora enfrentan salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
“En pandemia atendimos enfermos, enterramos a los muertos, recogimos la basura, gracias al trabajo municipal la sociedad no colapsó. Hay que ver qué pasa si hay otra pandemia”, advierten desde el sector, con un nivel de indignación que refleja el deterioro de la relación con las autoridades.
La advertencia no es menor: quienes garantizaron el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos durante la emergencia sanitaria hoy denuncian que sus propios ingresos quedaron por debajo de los niveles necesarios para sostener una vida digna.
Con la pérdida salarial acumulada, la expansión de la precarización y la falta de convocatoria al ámbito de negociación previsto por ley, el conflicto municipal bonaerense amenaza con escalar. Los cortes de autopistas fueron una primera señal de alerta. Desde la federación aseguran que, si no aparecen respuestas concretas, el plan de lucha avanzará hacia medidas de mayor contundencia.