El próximo 20 de mayo, un importante colectivo de la salud pública buscará movilizar en la Ciudad de Buenos Aires una gran cantidad de personas, en medio de un gran conflicto que se vine gestando a partir de un ajuste que se viene dando en el rubro. Desde comienzo de año, la motosierra libertaria se está ensañando especialmente en el Ministerio de Salud, a partir del cierre de direcciones y programas que hacen mella en las provincias. El último avance libertario sobre el sector lo dio el ajuste sobre el Programa Remediar, que se reduzco a tal punto que casi lo deja sin capacidad de atender las necesidades de la mayoría de los usuarios del sistema público. El sistema sanitaria tal y cómo se lo conoce está bajo tensión, por eso trabajadores y profesionales se movilizarán para denunciar las consecuencias de esta política. En este contexto, los recursos que llegan al sistema sanitario son cada vez más escasos, y el problema se profundiza por la subejecución presupuestaria, que registró una caída real del 32 por ciento al mes de abril de 2026 en comparación con igual período de 2023, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El relevamiento señala que, aunque se trata de los primeros meses del ejercicio presupuestario, ya se observan “señales claras de una política de fuerte contracción del gasto público”.
El trabajo del Centro CEPA destaca que la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de presidencia de la Nación, “fue uno de los pocos organismos que incrementó su ejecución presupuestaria, con una suba real del 25 por ciento”.
En paralelo, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 11 por ciento del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros dentro de la estructura presupuestaria. El informe, al que tuvo acceso Data Gremial, identifica “recortes significativos en prácticamente todas las áreas del Estado, con especial impacto en salud, ciencia, educación, desarrollo social, transporte y obra pública”. En el área de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud mostró una caída del 51 por ciento, mientras que distintos hospitales nacionales registraron bajas de entre el 28 y el 53 por ciento.
También se verificaron reducciones en organismos clave como el Instituto Malbrán (-38 por ciento) y la ANMAT (-36 por ciento). Además, programas vinculados a prevención y atención sanitaria presentaron caídas de hasta el 100 por ciento. En contraste, el INCUCAI registró un incremento real del 118 por ciento.
En ciencia y tecnología, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación sufrió un recorte del 84 por ciento, acompañado por bajas en el CONICET (-36 por ciento), la CONAE (-59 por ciento), el Servicio Geológico Minero Argentino (-20 por ciento), la Fundación Miguel Lillo (-48 por ciento), la CONEAU (-29 por ciento) y el Servicio Meteorológico Nacional (-27 por ciento).
En tanto, la ANSES cayó 9 por ciento en términos reales, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia redujo su ejecución en un 77 por ciento y el INAES en un 83 por ciento. Programas como Economía Social y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires mostraron una ejecución nula (-100 por ciento). También se registraron fuertes recortes en el Plan Nacional de Primera Infancia (-92 por ciento), el Plan Nacional de Protección Social (-99 por ciento), Comedores Comunitarios y Merenderos (-54 por ciento) y la Prestación Alimentar (-45 por ciento). En educación, el informe señala una paralización total de programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con caída del 100 por ciento. Las becas estudiantiles retrocedieron 85 por ciento, las acciones de formación docente 95 por ciento y la infraestructura y equipamiento escolar 96 por ciento.
Consecuencias del ajuste
Este achicamiento brutal sobre la salud pública pone en tensión la atención de los argentinos, como vienen denunciando en distintos sectores. Los profesionales de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ven como las guardias se llenan de personas que fueron expulsados de la seguridad social, y que deben recurrir a los establecimientos estatales, que con la falta de recursos tienen que atender a más pacientes. Así lo denuncian desde el gremio médico CICOP, que vienen alertando por los problemas que deben afrontar todos los días en las salas de espera de hospitales y centros asistenciales.
“El gobierno de Javier Milei “ha significado un ataque a la salud pública en toda la línea de manera directa y de manera indirecta”, dijo Pablo Torres, integrante del gremio que trabaja en Lomas de Zamora. “De manera directa porque todas las áreas que dependen de la Nación están afectadas, sea por recortes presupuestarios o directamente por cierres”, precisó, y recordó el intento de cierre del Hospital Bonaparte de salud mental, cierres de programas, el recorte en el Plan Remediar, los medicamentos de los jubilados de PAMI y recortes en la entrega de vacunas, entre otras cosas”, agregó.
En cuanto al ajuste del Remediar, desde CICOP se sostuvo que quienes son beneficiarios, “son personas que no tienen la capacidad de comprar una aspirina. No van a tener más acceso a medicamentos que les aseguran ‘zafar’ de una enfermedad grave”. “Si desaparece el plan Remediar, esto va a ser cataclísmico: falta de vacunas, subalimentación en gran parte de la población, parece una película de terror. Esto es un genocidio. La no entrega de medicamentos oncológicos le quitó la vida a niños, adolescentes y adultos y quedaron, vaya a saber en qué galpón de Petovello”, agregaron.
Por eso, con otras entidades que forman parte del Foro por el Derecho a la Salud, se llamó a la marcha federal para el próximo 20 de mayo, a las 13 horas, que unirá el Ministerio de Salud y la Casa de Gobierno.
Sin remedio
El ajuste en el sector salud comenzó este año, con el cierre y desmantelamiento de direcciones y programas. Siguió profundizándose en estos meses, incluyendo despidos, y llegó hasta el Calendario Oficial de vacunas. Ahora, golpea al acceso de medicamentos, ya que el Remediar quedará reducido a una mínima expresión. Así lo asegura un reciente informe realizado por especialistas, al que tuvo acceso Data Gremial, que alerta que “el abandono de la compra centralizada de medicamentos esenciales para afecciones agudas y preventivas anula una de las políticas de economía de la salud más eficientes del país", la cual garantizaba ahorros superiores al 85 por ciento del precio de mercado y actuaba como escudo protector contra la “carga financiera en los hogares vulnerables”.
Así lo indica un análisis realizado por Tobias Franzetti, residente de Gestión del Sanatorio Sagrado Corazón, y Carlos Diaz, director de la Especialidad Economía y Gestión de la salud Universidad Isalud. En su informe, al que tuvo acceso Política del Sur, recordaron que la evolución del Programa Remediar "evidencia el tránsito desde un modelo universalizado de atención primaria, concebido para intervenir sobre la exclusión social de la crisis de 2002, hacia un esquema residual y focalizado en 2026". Este cambio "no solo refleja un ajuste administrativo, sino que también implica un abandono de los principios rectores que inicialmente guiaron la política de salud pública".
La reducción de un vademécum integral de más de 70 presentaciones farmacológicas a apenas tres drogas para patologías cardiovasculares "no representa una simple optimización logística, sino una profunda reconfiguración del gasto público en salud que podría tener repercusiones a largo plazo en la salud pública, afectando a millones de ciudadanos que dependen de estos recursos para acceder a tratamientos que pueden salvar sus vidas".