“No todo es color de rosas en la Patagonia”, dice Jorge Garzón, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Detrás de los imponentes paisajes, la belleza de la nieve y la inigualable naturaleza, en la zona norte de la provincia hay preocupación. El impacto de las medidas del gobierno nacional en la vida diaria está generando situaciones muy delicadas, en especial entre los mal llamados trabajadores pasivos. Porque como repite Garzón con firmeza: “Nos jubilamos, pero no somos para nada pasivos”.
Por eso, en este espacio, el tercero de su tipo en todo el territorio, acompañan a los cerca de 200 afiliados a partir de su trabajo social. “Aunque a veces no sea más que una llamada por teléfono, porque en muchos casos los hijos emigran, y no es buena la soledad”, aclaró. Además, desde el centro vienen alertando sobre los efectos que tendrá la Ley Bases entre los jubilados, que ya sufren un enorme deterioro de sus ingresos, en una zona del país que el costo de vida es mayor que el promedio.
“Esta ley es nefasta”, sintetiza desde su casa Garzón, en diálogo con Data Gremial. En la charla, además, asegura que los jubilados “no están en la agenda de nadie”, y pide por el respeto de la soberanía en un territorio cercano a las Islas Malvinas.
La preocupación por los efectos de la Ley Bases, si se aprueba en el Senado donde esta semana comenzó a tratarse, es compartida tanto por los gremios como los jubilados. Por eso en el centro que preside Garzón están discutiendo la manera de resistir.
“Rechazamos la ley un poco por lo que está pasando con los pasivos, yo no soy abogado que no puede hacer un análisis técnico pero puedo contar lo que vemos todos los días en esta parte de la Patria”, afirmó. Para el dirigente, el principal problema que trae la normativa que impulsa el gobierno de Javier Milei tiene que ver con los haberes de jubilados y pensionados. “Cada vez estamos más lejos del costo de vida”, resume.
Además, “La Ley Bases limita toda posibilidad de los trabajadores activos de jubilarse, incluso termina con la moratoria previsional, que permite a más del 80 por ciento de las mujeres jubilarse, y eleva la edad para acceder al beneficio”. Esta realidad puede empeorar más si la normativa entra en plena vigencia, porque como remarcó el dirigente “la reforma laboral que impulsa elimina las multas a las empresas, que van a poder tener trabajadores sin registrar sin castigo”. Por eso, coincide con el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, en que esta ley “pone al país de rodillas y al Estado en posición de saqueo”.
Pensando en el futuro de los jubilados, Garzón pidió “cuidar la caja”, en relación a la Caja de Previsión Social, que garantiza el pago de los haberes a jubilados y pensionados. En este momento, la de Santa Cruz es una de las 13 cajas provinciales que se mantiene autónomas de Nación, pero que se entiende que la Ley Bases permitirá que se terminen de quedar con esos recursos. Otro punto que preocupa es el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un fondo soberano de inversión argentino, compuesto por diversos tipos de activos financieros, y es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino.
“Hace un tiempo tenía 100 mil millones de pesos y ahora tiene 60 mil millones, esa diferencia nadie sabe dónde está, la misión es cuidarlo para los trabajadores activos de hoy, eso está haciendo continuamente ATE en todo el país, peleamos y defendemos el sistema”, resaltó Garzón, que dijo que hay preocupación por estos avances que pretende el gobierno nacional.
Dificultades diarias
Garzón fue por más de 30 años trabajador del PAMI en la provincia de Santa Cruz, y una vez jubilado comenzó a militar en el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE. “Me jubilé del trabajo, no de la vida”, suele decir, y marca que sigue siendo, orgullo, parte del movimiento obrero.
Sobre los ingresos, comentó Garzón, la canasta básica está a datos de marzo en la Patagonia argentina cerca del millón de pesos, cuando muchos jubilados cobran no más de 200 mil pesos.
A esto se le suma el incremento de los servicios o el alquiler, lo que está golpeando con fuerza al sector pasivo. “Las políticas del gobierno están llevando los precios a nivel internacional, lo que en esta parte se hace sentir mucho”, advirtió. Como ejemplo, antes de que asuma el actual gobierno, una factura de gas promedio era de 8 mil pesos, mientras que en abril del 2024 se va a 42 mil pesos. Este es un aumento del 500 por ciento, que para el sector privado puede alcanzar el 1.000 por ciento.
Soberanía
Con 73 años, Garzón es el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Puerto Deseado, que junto al que está en Río Gallegos y en Río Turbio forman las tres entidades que pertenecen a ATE en la provincia de Santa Cruz.
Por las enormes distancias, suelen comunicarse virtualmente con el resto de la dirigencia, para luego trasmitir a los afiliados las discusiones que se generan. Las posibilidades del centro que encabeza Garzón hace mucho trabajo “de hormiga”, de hablar con los jubilados, escucharlos, porque la situación económica suele impactar en su calidad de vida. En esto encuentran dos realidades: el que debe ayudar a sus hijos, porque están desocupados o no les alcanza; o quienes están solos, porque su familia emigró para estudiar o trabajar.
La gente allí tiene un enorme apego a su tierra, y por cercanía a las Islas Malvinas. Por eso la foto del presidente junto a la generala de la Cuarta Flota de Estados Unidos Laura Richardson, tan cerca del territorio donde se produjo la guerra, y en una fecha tan sensible para la población “Un día nos vamos a enojar y cerramos los tubos, y se van a morir de frío”, bromeó el dirigente, sobre la posibilidad de dejar de enviar combustible a las grandes ciudades del resto del país.
En este punto, recordó que no hay casi producción de alimentos u otros productos, llegan de otras provincias. “El norte de Santa Cruz es la ‘zona del crudo’, como se dice, sale el combustible para todo el país, además de oro o langostinos. Pero tenemos que traer el resto de todos lados”, recalcó.