Los trabajadores de Papelera del Sur mantienen un acampe por tiempo indeterminado frente a la fábrica de Tornquist, después de que la empresa ratificara el cierre del establecimiento y la desvinculación de alrededor de 160 empleados. Organizados en turnos de seis horas, sostienen una presencia permanente para reclamar que se discutan alternativas destinadas a recuperar la actividad. La próxima audiencia está prevista para este jueves, en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense. El sindicato pidió que concurran representantes del directorio con capacidad de decisión, luego de una primera reunión en la que la compañía mantuvo su postura de cerrar y pagar las indemnizaciones.
El conflicto se desarrolla en un contexto de retroceso manufacturero y pérdida de empleo que el gobierno provincial viene cuestionando. En Tornquist, ese deterioro tiene como escenario una fábrica que durante décadas sostuvo puestos laborales y actividad económica para comercios, transportistas y prestadores de servicios. “Nosotros no queremos que nos indemnicen, queremos volver a trabajar”, expresó Gustavo Lanaro, secretario general del Sindicato Papelero y empleado del establecimiento, al explicar el objetivo de la protesta.
La permanencia frente a la planta fue resuelta en una asamblea y comenzó el pasado lunes. Desde entonces, los operarios se relevan para mantener el reclamo durante las 24 horas. La papelera está ubicada sobre la Ruta Provincial 76, cerca del cruce con la Ruta Nacional 33. Allí, los trabajadores reciben el acompañamiento de vecinos mientras esperan una respuesta que permita revisar el cierre.
Pedido
El abogado Martín Percaz, representante de los trabajadores y del gremio, confirmó que la firma sostuvo durante la primera audiencia que su decisión no era negociable. Según explicó, los empleados buscan agotar las alternativas disponibles y evaluarán los pasos siguientes después del encuentro del jueves. El pedido sindical apunta a que la discusión no quede limitada a las condiciones de las desvinculaciones. Para eso, reclama la presencia de quienes resolvieron el cierre y la posibilidad de analizar propuestas junto con las autoridades provinciales y municipales.
Percaz aclaró que la compañía conserva otros establecimientos en funcionamiento y que su solvencia económica no está en discusión. También informó que ofreció a los empleados un monto adicional a la indemnización correspondiente por antigüedad. Lanaro aseguró que existen opciones para llevar a la mesa de negociación. Según relató, se plantearon posibilidades de alivio en tasas e impuestos, además de evaluar mecanismos de asistencia para sostener los salarios. Esas gestiones no consiguieron hasta el momento modificar la postura empresarial. El sindicato busca discutir esas alternativas directamente con el directorio. El objetivo es establecer si existen condiciones para continuar produciendo, con participación del municipio, la Provincia y los trabajadores.
Impacto en la comunidad
Por su parte, la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, cuestionó que la empresa llegara a la negociación con una posición definida, pese a los intentos de acercar alternativas. “Es muchísimo el daño que le hacen a la comunidad de Tornquist”, advirtió. Como se informó, la empresa atribuyó la medida a la falta de rentabilidad y a las dificultades para competir con productos importados. El establecimiento fabricaba cartulina destinada a la elaboración de envases.
El abogado de los trabajadores explicó que, según los argumentos empresariales, actualmente resulta más económico importar las bobinas que producirlas en Tornquist. Entre los factores mencionados aparecen el sobrestock internacional, la apertura importadora y la pérdida de competitividad de la maquinaria. El anuncio, sin embargo, sorprendió a los empleados. Percaz sostuvo que durante los últimos meses habían recuperado continuidad laboral e incluso relató que un operario había sido ascendido a jefe de sector dos semanas antes de conocerse el cierre. “Es una catástrofe para todo el pueblo, no solo para los trabajadores papeleros”, afirmó Lanaro. Su advertencia alcanza a las familias de los despedidos y al entramado económico que depende del movimiento generado por la planta.