En medio de la polémica por la intervención de su gremio y las versiones que lo vinculan con la compra de un departamento en el edificio donde está detenida CFK, Abel Furlán negó las acusaciones, y dio algunas explicaciones sobre su actuación al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). A través de sus abogados, el líder sindical presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento. El gremio está bajo mandato judicial, desde hace unos meses, por los cuestionamientos a su elección al frente de la seccional Zárate-Campana.
En la presentación judicial, Furlán rechazó las acusaciones sobre la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner. Estas polémica alimentan diversas versiones, que los abogados desmintieron en sus presentaciones, que van en paralelo al pedido de recuperar la conducción de la UOM, bajo mando de un interventor.
Una de las presentaciones está firmada por el abogado Alejandro Rúa, con patrocinio conjunto de Graciana Peñafort—, donde se pide el sobreseimiento del sindicalista, mientras que en la otra, del abogado Pablo Slonimsqui, se formulan aclaraciones en el expediente 798/2026, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, Secretaría 24.
Detalles de lo presentado
Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.
Al respecto, Rúa pidió que se dicte el sobreseimiento en los términos del artículo 336 del Código Procesal Penal, bajo el argumento de que “el hecho investigado no se cometió”. La investigación judicial busca determinar si las autoridades de la UOM, en su carácter de administradoras de los fondos sindicales, habrían celebrado un contrato perjudicial para los afiliados al ceder el control financiero de los recursos a una firma privada. Frente a esa hipótesis, la defensa afirmó que no hubo irregularidad ni delito por parte de ninguno de los dirigentes de la UOM y que la contratación fue analizada y aprobada en diferentes instancias de la estructura sindical: el Consejo Directivo, el Secretariado Nacional y, posteriormente, el Congreso Nacional de Delegados, integrado por representantes de las seccionales.
Argumentos
La defensa destacó que el Secretariado Nacional del sindicato, presidido por Furlán, resolvió no renovar los contratos que durante dos décadas habían vinculado a la UOM con el Banco Nación y Donington S.A., firma que administraba el fideicomiso anterior. Después, se habría celebrado un nuevo convenio de fideicomiso con el Banco Nación y se contrató a USEM S.A. para la gestión bancaria requerida por ese esquema. Rúa planteó que “contra lo que se denuncia, la UOM no ha cedido su administración sino sólo la gestión bancaria”. Slonimsqui, por su lado, afirmó que la empresa “no cedió a USEM S.A. la conducción económica de la UOM ni le permitió disponer libremente de su patrimonio”.
De acuerdo con el segundo escrito, la UOM conservaba la decisión sobre el destino de sus recursos y generaba las órdenes de pago; USEM revisaba la documentación y realizaba tareas técnicas de procesamiento; el Banco Nación ejecutaba los pagos como fiduciario y las autoridades de cada seccional operaban sus cuentas a través de poderes bancarios.