El gobierno nacional modificó esta semana el decreto 407/2026 mediante otro DNU, el 612/2026, al introducir cambios en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que flexibilizan el régimen de aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos de trabajo, tras una negociación política y técnica mantenida con la conducción de la CGT. La noticia fue anunciada como una importante victoria de los gremios, aunque en su análisis deja algunas dudas. Ante esto, Gustavo Ciampa, abogado de la CGT, aclaró la confusión que se generó, y dijo que lo que se intenta es “tratar de atenuar el vicio de inconstitucionalidad” que tenía la medida de limitar las cuotas solidarias.
El DNU que modificó este lunes la forma en la que se calculan los aportes y contribuciones que los trabajadores realizan a los sindicatos sigue generando discusión. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se precisó qué partes del salario deben tomarse en cuenta para aplicar estos descuentos y reafirmó el destino específico que deberán tener esos fondos administrados por las asociaciones gremiales. “El decreto plasma su toma de conciencia sobre su inconstitucionalidad, porque tenía otro decreto reglamentario que había emitido en mayo”, destacó Ciamba.
Y dijo: “Este tema se refiere a las contribuciones solidarias”. Tras lo que explicó que, como los beneficios de los sindicatos son para todo el sector, y no sólo para los afiliados, se entiende que todos los trabajadores deben aportar en alguna medida. “Lo que hizo la ley, con una característica antisindicalidad marcada a fuego, es ponerle un límite a las contribuciones solidarias. Y dicen que no puede exceder en 2 por ciento”, afirmó.
Detalles del inicio
La nueva norma, publicada en el Boletín Oficial, amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes convencionales al incorporar las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual, en reemplazo del criterio anterior, que las limitaba al salario básico convencional. Asimismo, el decreto excluyó del límite del 2 por ciento a los aportes y contribuciones efectuados por los empleadores con destino a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, siempre que esos fondos sean administrados y documentados de manera diferenciada.
La decisión fue el resultado de una serie de negociaciones reservadas entre representantes del Poder Ejecutivo y la conducción de la CGT, luego de que la central obrera advirtiera que la reglamentación original afectaba el financiamiento de los sindicatos y obligaba a revisar centenares de convenios colectivos. El Decreto 407/2026, impulsado originalmente en el marco de la reglamentación de la reforma laboral, había establecido que la base para calcular las cuotas solidarias sería únicamente el salario básico convencional, criterio que la CGT consideró restrictivo por entender que reducía significativamente los recursos de las organizaciones sindicales.
Aclaración
Al respecto Ciamba recordó que en mayo “emitieron un decreto que dice que el tope del 2 por ciento no puede ser superior al salario básico. Con lo cual, reduce el monto posible de la contribución. Porque no es lo mismo salario básico que remuneración”. “Con lo cual, el concepto de remuneración es más elevado. Esto era inconstitucional. Lo que hizo el gobierno ayer es tratar de atenuar ese vicio de inconstitucionalidad incorporando un párrafo al decreto anterior”, dijo.
En este nuevo decreto dicen que, además del salario básico, comprenderá todos los adicionales que se liquiden de manera mensual y habitual. “Y excluye otros conceptos como premios, plus por vacaciones. Ahí hay conceptos que son habituales. Hay un exceso reglamentario. Pero lo intenta morigerar”, afirmó.