La pulseada judicial por la reforma laboral sumó en las últimas horas un movimiento clave: la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal intimó al juez laboral Raúl Ojeda a enviar el expediente impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en un plazo perentorio de 24 horas.
La resolución, firmada por los jueces Rogelio W. Vincenti, Marcelo Daniel Duffy y Jorge Eduardo Morán, ordena la remisión inmediata de la causa al fuero contencioso administrativo, luego de considerar definitivamente saldada la disputa sobre qué ámbito debe intervenir.
Ultimátum sin margen para dilaciones
“Requiérase la remisión de la causa […] en el plazo de 24 horas”, señala el fallo, que además hace referencia al incumplimiento previo del juzgado laboral respecto de una decisión adoptada el 28 de abril.
El tribunal fue explícito: la cuestión de competencia ya está resuelta y no admite nuevas demoras. En esa línea, también dispuso notificaciones urgentes, con habilitación de días y horas inhábiles, lo que refleja el carácter excepcional que le asignan al caso.
La decisión llega una semana después de que la Cámara Nacional de Apelaciones definiera que el expediente debía pasar de la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo Federal, en línea con la postura del gobierno de Javier Milei.
La disputa por el fuero
El conflicto se inscribe en una fuerte pelea entre fueros que viene escalando desde que el Ejecutivo cuestionó la intervención de la justicia laboral en el amparo presentado por la CGT contra el Estado Nacional.
Desde el oficialismo sostienen que este tipo de causas —donde se discute la validez de una ley— deben tramitar exclusivamente en el fuero contencioso. Esa posición quedó ahora reforzada con la intimación al juez Ojeda.
En ese marco, la Cámara apuntó directamente contra la conducta del juzgado laboral y le exigió cumplir con el traslado del expediente sin más dilaciones.
El amparo de la CGT y los artículos en disputa
La central obrera había iniciado la acción judicial al considerar que la reforma laboral implicó una regresión en derechos, afectó la libertad sindical y vulneró garantías constitucionales y tratados internacionales.
El planteo sindical cuestiona más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral, entre ellos modificaciones en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y restricciones a la actividad sindical.
Entre los artículos señalados figuran el 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57.
Cabe recordar que Ojeda había dictado una medida cautelar que suspendía buena parte de esos puntos, aunque esa decisión fue luego revertida en instancia de apelación, lo que permitió que la norma recupere vigencia provisoria.
Un conflicto que apunta a la Corte
Desde entonces, el expediente quedó atrapado en una disputa procesal que derivó en acusaciones cruzadas, cuestionamientos políticos y tensión institucional.
La orden de la Cámara aparece ahora como un intento de destrabar el expediente y encauzarlo hacia el fuero que considera competente. Sin embargo, lejos de cerrarse, el conflicto anticipa un recorrido judicial que, según todas las señales, terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.