Dos causas judiciales vinculadas a dirigentes sindicales y sus acciones encienden las alarmas en el movimiento obrero, porque marcan un nuevo avance en materia de criminalización de la protesta y de la actividad gremial. Por un lado, en el marco de una causa contra un dirigente camionero de San Nicolás, acusado de bloquear una empresa en la localidad bonaerense de San Pedro, los fiscales pidieron 10 años de prisión, lo que puede generar un precedente sobre penalizar la actividad de las organizaciones de los trabajadores. por otro lado, la justicia pide elevar a juicio a los trabajadores de FATE que protagonizaron la toma de la planta, otra clara amenaza hacia el activismo.
En el primero de los casos, se trata del juicio contra Maximiliano Cabaleyro, líder sindical de Camioneros que encabezó la protesta en una pyme de la ciudad bonaerense de San Pedro en 2021, que fue llevado a juicio. En el mismo, que se desarrolla en estos días, los fiscales solicitaron que se condene al gremialista a “10 años de prisión efectiva por dos delitos de extorsión y otros dos de turbación en concurso con coacción”. En la jornada de alegatos que se desarrolló este martes en el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López, las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio también pidieron que se inhabilite por diez años a Cabaleyro para obtener cargos sindicales. Además, solicitaron penas de tres años de prisión en suspenso para los demás trabajadores que formaron parte del bloqueo en febrero de 2021.
Las fiscales dieron por probado que los acusados utilizaron los bloqueos para extorsionar a la empresa, y no como derecho a huelga, ya que además los pagos que solicitaban no les correspondían. Cabaleyro fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio.
Alegatos
Los empresarios tuvieron el patrocinio del Movimiento Empresarial Antibloqueos con la senadora bonaerense Florencia Arietto, ahora integrante de La Libertad Avanza. Al presentar su alegato, el abogado de Cabaleyro, Mauricio Gugger, afirmó que la causa “no es más que un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey”. Afirmó que no se pudieron determinar “modo, tiempo y lugar de las amenazas”, y subrayó que hubo testigos que “incurrieron en graves contradicciones”. Para Gugger, la acusación “fue una criminalización de la protesta por parte de la fiscalía”.
El abogado de Cabaleyro indicó, además, que “la única forma de protestar” para los sindicalistas “era estar en la puerta” de la empresa. Argumentó, también, que su defendido no impidió a los dueños de la firma “ingresar, egresar o comerciar en su empresa”. Y remarcó que durante el proceso se mencionó un pago de 500 mil pesos” que eran parte de una deuda de aportes que existía y el señor Rey lo convirtió en una extorsión para pagar los gastos de un paro».
La abogada Analía González, también parte de la defensa de Cabaleyro, reforzó la postura de Gugger, al referirse a un “audio de una hora y media” que se reprodujo durante el juicio. “En ningún momento se escuchó a Cabaleyro pedir dinero para solucionar la cuestión. Él quería el restablecimiento de [Edgardo] Di Mayo [un empleado que había sido despedido] en su puesto de trabajo y que reconozcan [el pago remunerativo] de horas nocturnas”, aseveró González.
Caso FATE
En tanto, el Juez de Garantías, Esteban Rossignoli, resolvió someter a juicio a 24 trabajadores de FATE, entre ellos representantes sindicales nacionales, de seccional, delegados y trabajadores de base, acusados por la toma de la planta de la empresa en la localidad de Virreyes. El Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Esteban Rossignoli, concedió la elevación a juicio oral y público de 24 trabajadores de FATE, quienes son de la dirección nacional del SUTNA, incluyendo el secretario general, Alejandro Crespo, miembros de la seccional San Fernando, delegados de FATE y trabajadores de base.
La resolución judicial pretende sentar en el banquillo de los acusados a los trabajadores de FATE, imputándoles los delitos de turbación de la posesión y daños. La causa por el reclamo que detonó el cierre de la planta. Para el gremio los enjuiciados sólo estaban “ejerciendo el legítimo derecho a huelga en reclamo de los puestos de trabajo de todos los compañeros, tras el lockout patronal intempestivo que cerró la emblemática fábrica de neumáticos FATE, en forma totalmente ilegal, pretendiendo dejar al país sin la única fabricante de cubiertas para camión y colectivo, y simultáneamente extinguir los más de 2 mil puestos de trabajo que normalmente existen en forma directa en FATE y los miles que de ella dependen en forma indirecta”.