La disputa entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont, empresa que opera el yacimiento de oro Cerro Negro, sumó un nuevo capítulo con las inspecciones realizadas durante los últimos días, las irregularidades detectadas y las medidas preventivas dispuestas por las autoridades provinciales. En ese escenario, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) salió a fijar posición y pidió preservar la paz social, reconstruir el diálogo y, sobre todo, garantizar la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores.
A través de un comunicado firmado por Oscar Romillo, director regional Sur de ASIJEMIN, la organización sindical se dirigió a los trabajadores, sus familias y la comunidad de Perito Moreno para llevar “absoluta tranquilidad” frente al operativo desplegado en el Proyecto Cerro Negro por organismos provinciales de aplicación laboral y ambiental y fuerzas de seguridad.
“Como representantes de los trabajadores, reafirmamos que nuestra prioridad absoluta es, y será siempre, velar por la seguridad, la salud y la dignidad laboral de quienes hacen grande a la minería”, sostuvo Romillo.
En ese marco, ASIJEMIN hizo un llamado a la paz social y a la urgente reconstrucción del diálogo social, en momentos en que la relación entre la administración de Claudio Vidal y la compañía minera atraviesa una fuerte tensión.
Trabajadores en el centro del conflicto
El sindicato puso el foco en quienes actualmente se encuentran trabajando y conviviendo en el campamento de Cerro Negro. Romillo remarcó que ASIJEMIN permanecerá en el territorio y acompañará de cerca las inspecciones realizadas por las autoridades.
“Estamos y seguiremos estando en el territorio, acompañando de cerca las inspecciones y exigiendo de forma irrestricta como siempre se lo ha hecho que las condiciones laborales, de habitabilidad y de salud cumplan estrictamente con lo que dictan nuestros convenios colectivos”, afirmó.
Y dejó una definición contundente: “No daremos nunca un solo paso atrás en el cuidado de la integridad de nuestra gente en los yacimientos”.
La postura del sindicato adquiere especial relevancia frente a los antecedentes de seguridad que atraviesan la operación. En abril de 2024, dos trabajadores murieron mientras realizaban tareas en Cerro Negro, episodio que derivó en la suspensión de actividades y en una investigación por parte de la compañía.
En las inspecciones iniciadas el 9 de septiembre, además, las autoridades provinciales detectaron distintas situaciones que derivaron en seis ceses preventivos de tareas en sectores del complejo. Entre las observaciones mencionadas aparecen vehículos sin las habilitaciones correspondientes, deficiencias vinculadas con el traslado de combustibles y sustancias peligrosas y problemas en equipos destinados a la medición de gases.
También se informó sobre una situación que podría estar relacionada con un derrame de cianuro, aunque hasta el momento no se difundió públicamente un informe técnico completo que permita dimensionar el alcance de ese episodio.
Una disputa que llegó a la Justicia
El conflicto entre la Provincia y Newmont se profundizó cuando Santa Cruz recurrió a la Justicia para garantizar el ingreso de los inspectores al establecimiento. Según las autoridades, los accesos al complejo habían sido cerrados con candados, impidiendo la continuidad de las tareas de fiscalización.
La orden judicial permitió finalmente el ingreso de más de veinte agentes provinciales para realizar controles laborales y de seguridad.
Desde el Gobierno santacruceño aclararon que no se trató de un allanamiento penal, sino de una medida destinada a garantizar el desarrollo de un procedimiento administrativo.
Las sanciones tampoco implican una clausura general de Cerro Negro: se trata de suspensiones focalizadas sobre determinadas actividades, que permanecerán vigentes hasta que se corrijan las observaciones realizadas durante las inspecciones.
En paralelo, la Provincia y representantes de Newmont analizan una instancia de diálogo para intentar destrabar la situación y avanzar hacia la normalización de las actividades.
ASIJEMIN también puso la lupa sobre Perito Moreno
El segundo eje planteado por el sindicato fue la situación de la comunidad anfitriona. ASIJEMIN destacó el rol de Perito Moreno y sostuvo que la licencia social otorgada por la población debe ser acompañada por acciones concretas.
“Somos plenamente conscientes de que es la comunidad la que, con una enorme madurez, brinda la licencia social indispensable para operar”, señaló Romillo.
Para la organización, esa licencia social debe traducirse en desarrollo local, cuidado ambiental y una convivencia armónica, de modo que el crecimiento de la actividad minera tenga un impacto real sobre la comunidad.
La definición gremial también se vincula con uno de los reclamos que atraviesan la relación entre Santa Cruz y las empresas mineras: la necesidad de garantizar una mayor participación de trabajadores y proveedores locales.
Inversiones millonarias, pero con condiciones
El enfrentamiento ocurre mientras Newmont mantiene en marcha importantes proyectos para ampliar y extender la explotación de Cerro Negro.
En febrero, la compañía presentó junto al Gobierno provincial Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), un programa que contempla una inversión cercana a US$800 millones durante seis años, con más de 30 obras y el objetivo de prolongar la vida útil del yacimiento más allá de 2035.
El proyecto prevé además unas 270 nuevas posiciones laborales, con énfasis en trabajadores y contratistas santacruceños, y apunta a incrementar la producción anual desde 2028.
A esto se suma Open Pit, una iniciativa de explotación a cielo abierto cuya ejecución está prevista para septiembre, con una inversión superior a US$60 millones y la generación estimada de alrededor de 100 puestos de trabajo.
Para ASIJEMIN, el desafío es que esas inversiones no se conviertan en una excusa para relativizar las condiciones laborales, sino que formen parte de un modelo de minería con seguridad, empleo y desarrollo para las comunidades.
“El futuro de la minería se defiende con trabajo, seguridad y propuestas claras”, remarcó Romillo.
Por eso, desde el sindicato convocaron a las autoridades provinciales y a los sectores inversores y empresariales a consolidar un espacio de diálogo abierto y constructivo, con el objetivo de preservar la paz social y garantizar la continuidad de una actividad que tiene un peso central en la economía santacruceña.
El planteo de ASIJEMIN busca así correrse de la lógica de enfrentamiento entre el Estado y la empresa y colocar en el centro de la discusión a quienes sostienen diariamente la producción: los trabajadores, sus condiciones de seguridad y las comunidades que conviven con la actividad minera.