La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) volvió a fijar posición sobre el rumbo que debe tomar el desarrollo de la actividad extractiva en el país. Mediante un comunicado firmado por su secretario general, Marcelo Mena Muñoz, la organización sindical reclamó preservar la denominada “licencia social” de la minería y cuestionó decisiones empresariales que, según sostuvo, dejan de lado a proveedores y empresas de las regiones donde se desarrollan los proyectos.
Desde el gremio señalaron que la minería argentina necesita “más inversión, más competencia, más tecnología y más integración con los mercados internacionales”, al tiempo que rechazaron la implementación de mecanismos que funcionen como barreras o “aduanas internas” que puedan afectar la competitividad de los emprendimientos.
Sin embargo, ASIJEMIN advirtió que la apertura al capital internacional no debe implicar la exclusión de actores locales ni la pérdida de oportunidades para fortalecer las economías regionales.
“Una cosa es promover la libre competencia y otra muy distinta es ignorar la necesidad de construir capacidades locales y trabajar sobre la licencia social”, expresó Mena Muñoz en el documento difundido este sábado.
En ese marco, el sindicato puso el foco en la adjudicación de obras vinculadas a la ampliación del Campamento Vicuña. Según planteó la organización, la empresa seleccionada para llevar adelante el proyecto no tendría participación de firmas sanjuaninas ni habría presentado mecanismos de asociación con proveedores locales, transferencia tecnológica o desarrollo de capacidades empresariales en la provincia.
Además, el dirigente cuestionó el accionar de determinadas consultoras extranjeras que intervienen en los procesos de contratación y alertó que algunas prácticas podrían afectar la reputación de las compañías mineras y poner en riesgo la aceptación social de los proyectos.
“Ese proceso debe ser claro y no sesgado por consultoras con oficinas del otro lado de la cordillera”, sostuvo el titular de ASIJEMIN, quien advirtió sobre la existencia de actores que generan “sospechas” respecto de la transparencia de determinados procesos de adjudicación.
Críticas al proyecto oficial de San Juan
El comunicado también incluyó cuestionamientos a la iniciativa impulsada por el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, para promover la contratación de proveedores locales.
Desde ASIJEMIN consideraron que el debate no debe centrarse en la imposición de cupos o restricciones, sino en la generación de incentivos que favorezcan la asociatividad entre empresas internacionales y firmas regionales.
En ese sentido, Mena Muñoz calificó como “visible inconstitucionalidad” a la propuesta impulsada por el gobierno provincial y sostuvo que se trata de una normativa que “nace como letra muerta”.
Para el sindicato, la experiencia internacional demuestra que los países mineros más exitosos lograron crecer combinando la llegada de inversiones extranjeras con el fortalecimiento progresivo de proveedores y cadenas de valor locales.
El rol de los trabajadores y las comunidades
Finalmente, ASIJEMIN remarcó que los grandes proyectos extractivos deben asumir un compromiso activo con el desarrollo de las comunidades donde operan y con los trabajadores del sector.
“La minería argentina necesita empresas globales. Pero también necesita que esas empresas contribuyan activamente a construir una cadena de valor local más fuerte, más competitiva y más preparada para participar en los grandes desafíos que vienen”, afirmó el dirigente.
Para la organización sindical, el desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita atraer inversiones internacionales sin resignar el desarrollo de proveedores nacionales, la generación de empleo de calidad y la consolidación de una licencia social que garantice la sustentabilidad de los proyectos mineros en el largo plazo.