El Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba expresó su “más absoluta solidaridad” con tres trabajadores de Coca-Cola que comenzaron a ser juzgados por su participación en una protesta contra despidos ocurridos en 2017, frente a la planta ubicada sobre la Ruta 19, camino a Monte Cristo.
Según detalló el sindicato, los trabajadores habían formado parte de una manifestación que incluyó un corte de media calzada en reclamo por cesantías en la empresa. La causa judicial permaneció sin avances durante años y estuvo a punto de prescribir, hasta que recientemente se resolvió su elevación a juicio bajo la acusación de “turbación de la posesión”.
Denuncian criminalización y disciplinamiento
Desde el sindicato que conduce Federico Giuliani señalaron que se trata de “un nuevo caso de criminalización de la protesta social” por parte de la Justicia provincial y advirtieron que el proceso constituye un mecanismo de disciplinamiento hacia las organizaciones sindicales. En ese sentido, cuestionaron que el juicio se desarrolle en un contexto de crisis económica y social, y lo calificaron como “inconstitucional y contrario a los tratados internacionales suscriptos por la Argentina”.
El gremio también remarcó que la protesta original no implicó el bloqueo de los portones de la planta, sino un corte parcial de la circulación vehicular, y aseguró que fue la propia empresa la que decidió cerrar los accesos durante la medida.
Situación de los trabajadores y avance del juicio
Asimismo, indicaron que los tres trabajadores enjuiciados son sostén de familia y padecen enfermedades laborales vinculadas a las condiciones de trabajo en la firma. “Se intenta acallar un reclamo legítimo de la clase trabajadora frente a una patronal que persigue a quienes defienden sus puestos laborales”, afirmaron.
En el marco del proceso judicial, la fiscalía habría ofrecido la posibilidad de una probation, pero la opción fue rechazada por la representación legal de la empresa, lo que derivó en la apertura del juicio.
Convocatoria a la solidaridad
Finalmente, ATE Córdoba convocó a organizaciones sindicales, sociales y políticas a manifestar su apoyo a los trabajadores procesados y advirtió que el caso podría sentar “un peligroso precedente” en materia de judicialización de la protesta. “Las y los estatales estamos firmes junto a los trabajadores de Coca-Cola procesados”, concluyó el comunicado.