La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) redobla su confrontación con el Gobierno de Javier Milei y se movilizará este miércoles 21 de octubre a la Quinta Presidencial de Olivos para rechazar el plan de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional. El sindicato denunció que el Ejecutivo pretende financiar el achique del Estado con un préstamo internacional de hasta 300 millones de dólares y apuntó contra el Gabinete nacional por impulsar una política que, según sostiene, destruye puestos de trabajo y deteriora los servicios públicos.
“Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos”, disparó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al convocar a la protesta, prevista para las 17 bajo la consigna “No se aguanta más”.
El dirigente cuestionó la decisión de recurrir al endeudamiento externo para financiar la reducción de la planta estatal. “Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir”, afirmó.
La denuncia gremial pone el foco en la contradicción que ATE identifica en la política económica oficial: mientras el Gobierno promueve la reducción del empleo público, recurre a financiamiento en dólares para instrumentar el programa de retiros voluntarios.
Un préstamo de US$300 millones para achicar el Estado
El Decreto 1023/2026 confirmó el programa de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional. En paralelo, el Decreto 1177/2026 autorizó la firma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 300 millones de dólares para financiarlo, como primer tramo de una línea de crédito que podría alcanzar los US$800 millones.
Según las condiciones informadas, el préstamo se desembolsará durante cuatro años y tendrá un plazo de devolución de 25 años, con cinco años y medio iniciales sin pagos de capital. La tasa de interés estará vinculada a la referencia SOFR del mercado en dólares, más un margen del BID, por lo que el costo final será variable.
Para Aguiar, el mecanismo resulta inadmisible. “Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”, sostuvo.
El titular de ATE también cuestionó que el endeudamiento no haya sido aprobado por el Congreso y aseguró que la operación vulnera la Ley de Presupuesto. “Está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente”, afirmó.
Se trata de una denuncia del sindicato sobre la legalidad de la operación, que apunta tanto al mecanismo de financiamiento como al destino de los fondos.
“Están aumentando la deuda externa para dejar sin empleo a los estatales y sin prestaciones y derechos”, agregó Aguiar. Y remató: “Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos”.
Retiros voluntarios bajo presión y miles de puestos en riesgo
El programa alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores estatales y establece que quienes adhieran no podrán volver a ingresar a la Administración Pública Nacional durante ocho años. Además, los cargos que queden vacantes no serán reemplazados, lo que profundiza la reducción de las dotaciones en los organismos públicos.
La normativa también establece condiciones para quienes tengan cargos sindicales vigentes o sean candidatos a elecciones gremiales: deberán renunciar a esas funciones o candidaturas para incorporarse al régimen.
ATE rechaza la iniciativa y desalienta expresamente la adhesión de los trabajadores. “Estos retiros son una estafa”, sostuvo Aguiar, quien calificó el programa como un mecanismo extorsivo en un contexto de incertidumbre laboral y pérdida de ingresos.
Para el sindicato, la posibilidad de recibir una compensación económica a cambio de abandonar el empleo público no puede analizarse de manera aislada de la política de reducción de personal, la falta de reemplazos y el deterioro de las condiciones laborales.
Salarios, despidos y vaciamiento: los reclamos de ATE
La movilización a Olivos también buscará visibilizar una agenda de reclamos que excede el programa de retiros voluntarios. El gremio denuncia la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real y la negociación de paritarias por debajo de la inflación.
A esa situación suma el deterioro de los ingresos, el pluriempleo, el endeudamiento de los trabajadores, la desvalorización de la carrera administrativa y la incertidumbre provocada por los despidos y la no renovación de contratos.
La organización también cuestiona la reducción de las plantas permanentes, el cierre de organismos y el vaciamiento de distintas áreas del Estado.
Con la protesta frente a la residencia presidencial, ATE busca llevar el conflicto directamente al núcleo del Gobierno y cuestionar el rumbo de la política de empleo público. La consigna elegida sintetiza el malestar que el sindicato atribuye a los salarios, la precarización y la amenaza sobre los puestos de trabajo.
Mientras el Ejecutivo avanza con el régimen de retiros voluntarios y el financiamiento previsto a través del BID, el gremio promete profundizar su oposición. Para Aguiar, el problema no es solamente la salida de miles de trabajadores, sino que el Estado asuma nueva deuda externa para financiar una política de reducción de personal y de servicios públicos.