ATE exigió un examen sobre “la salud física y mental” de Milei: quiere conocer si está apto para ejercer la Presidencia

El gremio estatal presentó un pedido formal de acceso a la información pública para saber si el mandatario fue sometido a algún examen, junta médica o evaluación de aptitud psicofísica. Rodolfo Aguiar cuestionó que a los trabajadores estatales se les exija un preocupacional mientras no existe un requisito equivalente para quien encabeza el Poder Ejecutivo.

Jueves, 17 de septiembre de 2026 15:32


La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Jefatura de Gabinete y la Presidencia de la Nación un pedido de acceso a la información pública para conocer si Javier Milei fue sometido a algún examen que determine su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer la Presidencia. El planteo, firmado por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue presentado el 15 de septiembre en el marco de la Ley 27.275.

El reclamo no solicita la historia clínica del Presidente ni diagnósticos médicos. Puntualmente, ATE busca saber si existe un examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado su aptitud para ejercer el cargo y, en caso afirmativo, conocer la fecha, el organismo o profesional interviniente y el resultado, limitado a determinar si fue considerado “apto” o “no apto”.

El sindicato también pidió que se informe si existe alguna normativa, protocolo o reglamento vigente o proyectado que contemple controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

“Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir”

Aguiar llevó el planteo al terreno de las condiciones que deben cumplir los propios trabajadores estatales. En una publicación difundida en X, el dirigente sostuvo que los empleados públicos deben atravesar numerosos requisitos para ingresar a la administración y que entre ellos se encuentra el examen médico preocupacional.

“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, escribió Aguiar.

Y remató: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”.

Para el secretario general de ATE, el planteo adquiere una dimensión institucional porque Milei es quien encabeza la Administración Pública Nacional. Por eso, el gremio sostiene que conocer exclusivamente si existe un “apto/no apto” para ejercer la función presidencial excedería el terreno de la información estrictamente privada.

Aguiar apuntó contra Milei y habló de “desequilibrios”

En el mismo mensaje, Aguiar realizó fuertes cuestionamientos sobre el estado de salud del Presidente. Afirmó que, a su entender, “los desequilibrios del Presidente son muy evidentes” y sostuvo que Milei “padece algún tipo de psicosis”.

Se trata de una afirmación del dirigente sindical, no de una evaluación médica acreditada en el pedido presentado por ATE. El documento formal, de hecho, evita solicitar diagnósticos o información clínica y concentra el reclamo en la existencia de una evaluación oficial y en su eventual resultado.

Aguiar también anticipó que ATE impulsará una iniciativa para que, a partir de 2027, quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico.

Qué pasa si el Gobierno rechaza el pedido

El escrito presentado por ATE contempla incluso la posibilidad de que el Gobierno decida no entregar la información. En ese caso, el sindicato exige que la negativa sea total o parcialmente fundada por escrito, con la identificación expresa de la excepción prevista por el artículo 8 de la Ley 27.275 que se invoque y la aplicación del denominado test de daño e interés público.

La legislación de acceso a la información establece como principio general que la información en poder del Estado se presume pública, aunque contempla excepciones.

Según la información oficial disponible, las solicitudes de acceso a la información tienen un plazo general de 15 días hábiles para ser respondidas, con posibilidad de una prórroga de otros 15 días cuando resulte necesario recopilar la información.

Así, ATE abrió un frente inusual: no reclama solamente por salarios, despidos o condiciones laborales, sino que busca que el Gobierno informe si la máxima autoridad del Estado cuenta con una evaluación formal que determine su aptitud psicofísica para ejercer el cargo.

 

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