La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia Federal de Azul contra las autoridades del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), con el objetivo de frenar los despidos de los trabajadores de planta permantente comunicados para el 30 de noviembre de este año, al tiempo que anunció un paro para este lunes en todas las dependencias del organismo.
El gremio, además de la huelga, llevará a cabo este lunes, una movilización a la sede central de la obra social con dirección en Avenida Rivadavia 4283.
Al respecto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó que “el intento de materializar cesantías masivas vulnera todos los derechos adquiridos por los trabajadores. De manera unilateral, se está atacando la estabilidad en el empleo público”.
En este marco, indicó que la situación “muestra el deterioro actual del estado de derecho de nuestro país porque están pasando por encima del Congreso”. “No se puede pretender mediante un decreto modificar derechos constitucionales vinculados al trabajo y al empleo público”, puntualizó.
“Fuerte impacto social”
Asimismo, agregó que “estos despidos arbitrarios por donde se los mire, son cesantías que no tienen una causa justificada e incluso si la hubiera, no se respeta el procedimiento previo en el que el trabajador tiene derecho a ejercer su defensa”.
Además, recordó: “Como dijo el papa León XIV en la reciente visita a nuestro país, estos despidos no solo afectan la continuidad laboral y dejan a familias sin ingresos, sino que fundamentalmente hieren gravemente la dignidad de todos. Son despidos que, si se llevan a cabo, van a tener un fuerte impacto social”.
Finalmente, recalcó que “los trabajadores no pueden quedarse sin cobertura médica, ni tener seguridad social”. “La Justicia tiene que frenar estas inminentes desvinculaciones. De todos modos, hemos definido un paro con protesta y vamos a profundizar todas las medidas de fuerza”, concluyó.
El recurso de ATE
En concreto, el sindicato exige que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU 1286/2026 y la nulidad de la Disposición 709/2026 de la entidad por no configurarse los requisitos establecidos en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional para su dictado, afectando con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho al trabajo, la estabilidad del empleado público y el principio de progresividad tutelados en la Carta Magna argentina y en numerosos tratados y convenciones internacionales a las cuales adhiere el país.
Cabe recordar que es el DNU 88/2026 el que dispuso la disolución del IOSFA y el traspaso total de su personal a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Posteriormente, el 27 de octubre, el decreto 1286/2026 limitó la transferencia al personal que la OSFA considere “estrictamente necesario”, y dos días después la Disposición 709/2026 desconoció la estabilidad de la “Dotación Inicial” que había sido incorporada a planta permanente en 2023. Como consecuencia, los trabajadores pasaron a ser considerados contratados y comenzaron a recibir notificaciones de despido.
Es por eso que ATE sostiene que la Disposición 709/2026 revocó unilateralmente actos firmes y que vulnera la estabilidad del empleado público garantizada por el art. 14 bis de la Constitución.
Como medida cautelar, la entidad gremial solicita suspender los efectos de la Disposición 709/2026, impedir nuevas desvinculaciones y reinstalar provisoriamente a quienes ya fueron desvinculados, con alcance a todo el colectivo de trabajadores en el territorio nacional. La acción se presentó en Azul porque en esa jurisdicción se encuentran la Delegación de Tandil y el Centro de Atención al Afiliado, cuyas trabajadoras ya recibieron los avisos de despido.