La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) denunció formalmente ante la Dirección Nacional de Relaciones Laborales y Regulación del Trabajo la crítica situación que atraviesan los trabajadores de la empresa Verónica S.A.C.I.A.F.E.I., a la que acusó de llevar adelante un “lockout patronal, incumplimientos salariales y retención indebida de aportes”.
Según detalló el sindicato en su presentación, la compañía mantiene impagos los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, además de adeudar la segunda cuota del aguinaldo de 2025. A esto se suma que desde el 8 de enero comenzó a reducir progresivamente su actividad productiva hasta detenerla por completo el 16 de febrero.
El conflicto impacta directamente en más de 400 trabajadores convencionados que se desempeñan en distintas plantas de la empresa en el país y genera un fuerte impacto social que alcanza a alrededor de 700 familias que dependen directa o indirectamente de la actividad de la firma láctea.
De acuerdo con la denuncia del gremio que conduce a nivel nacional Héctor “Etín” Ponce, la empresa dejó de ingresar materia prima a sus establecimientos y paralizó la producción, mientras que en algunos casos incluso impidió el acceso de los trabajadores a sus puestos de trabajo, lo que desde ATILRA interpretan como un lockout patronal ilegal.
Reducción salarial y conflicto en escalada
El escenario se agravó a comienzos de febrero, cuando trabajadores de distintas plantas comenzaron a recibir cartas documento que notificaban una reducción del 50% de la jornada laboral y de los salarios. Para el gremio, se trata de una suspensión encubierta que profundiza la crisis que atraviesan los empleados.
En ese contexto, dirigentes sindicales advirtieron que la situación ya tiene consecuencias directas sobre cientos de familias trabajadoras.
Domingo Possetto, secretario general de ATILRA Rafaela, que representa a los trabajadores de la planta cercana a la localidad santafesina de Lehmann, describió el cuadro como un “abandono real” por parte de la familia propietaria de la empresa. Según afirmó, el impacto social que atraviesa la provincia de Santa Fe “es peor que el caso Fate en Buenos Aires”.
Conflictos internos y crisis financiera
Desde el sindicato sostienen que los trabajadores no deberían verse arrastrados por conflictos internos dentro de la empresa. Según trascendió, la sociedad estaría integrada por unos veinte socios pertenecientes al mismo grupo familiar —entre primos, hermanos y sobrinos—, y existirían diferencias internas sobre la conducción y el control de la compañía.
En ese marco, desde hace más de un año se registran problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en el pago de salarios, aguinaldos y aportes, una situación que habría derivado en la actual paralización de la actividad.
Investigaciones judiciales
ATILRA también informó que existen investigaciones judiciales en curso vinculadas a la empresa. Entre ellas, una denuncia presentada en la Justicia Federal por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos, radicada en el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Además, se investiga una causa por presunta estafa en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela.
Frente a este escenario, el gremio solicitó la intervención urgente de las autoridades laborales nacionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa y resguardar los derechos de los trabajadores, quienes hoy atraviesan una situación marcada por la incertidumbre y el deterioro de sus condiciones laborales.
LA DENUNCIA COMPLETA
Denuncia de ATILRA ante la Secretaría de Trabajo por Lock Out patronal by Matías Tagliani