La presión de los trabajadores municipales y una sostenida batalla judicial terminaron por hacer retroceder al Gobierno nacional. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) debió dejar sin efecto la arbitraria baja de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA), luego de acumular sucesivos rechazos en la Justicia Federal. Con la Resolución 952/2026, el organismo reconoció la plena vigencia de la entidad y puso fin al intento de liquidación que había dispuesto en junio de 2025.
La nueva resolución revocó la medida adoptada un año y medio atrás, dio por superada la supuesta situación de crisis y ordenó notificar la decisión al Juzgado Federal de Quilmes. De esta manera, quedó garantizada la continuidad de la cobertura médica de casi 5.000 afiliados.
El conflicto se había desatado cuando la Superintendencia, en el marco de la política oficial de depuración del sistema de obras sociales, dictó la Resolución 1092/2025 y ordenó el cierre y la liquidación de la OSPMA. La decisión se apoyó en fundamentos cuestionados por las autoridades de la entidad, entre ellos información contable desactualizada, y avanzó sin garantizar debidamente el derecho de defensa.
La gravedad de la medida excedía una disputa administrativa. El cierre podía dejar sin cobertura a cientos de afiliados que atravesaban tratamientos complejos y costosos por enfermedades oncológicas, diálisis y trasplantes. Frente a ese escenario, los trabajadores municipales y sus familias respondieron con un multitudinario abrazo solidario para defender la continuidad de la obra social.
Satisfacción
Su titular, Hernán Doval, politólogo y exdiputado, encabezó la estrategia judicial y política para frenar la intervención del organismo nacional. La presentación ante el Juzgado Federal de Quilmes obtuvo una rápida respuesta: pocos días después, la Justicia dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución y priorizó el derecho a la salud de los trabajadores municipales y sus familias.
La Superintendencia apeló sistemáticamente cada una de las cuatro prórrogas de esa medida, pero recibió en todas las instancias el rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Los fallos ratificaron la protección de los afiliados y dejaron en evidencia las dificultades del organismo para sostener judicialmente su decisión.
Además, durante el proceso quedaron expuestas inconsistencias en los argumentos oficiales. Según el texto que dio cuenta del conflicto, los propios informes requeridos por la Superintendencia terminaron acreditando que la OSPMA cumplía con la normativa de repago y no presentaba riesgos financieros que justificaran una medida de semejante gravedad.
Con ese escenario judicial en contra, la SSS resolvió dar marcha atrás para evitar una nueva derrota en los tribunales. La Resolución 952/2026 revocó formalmente la baja, dejó sin efecto el proceso de liquidación y reconoció que ya no subsistían las condiciones que habían sido invocadas para justificar el cierre.
El festival de intervenciones sobre las obras sociales
El caso de Avellaneda se inscribe en una política más amplia de intervenciones y sanciones sobre entidades sindicales y solidarias de salud. Entre 2024 y 2025, la Superintendencia avanzó sobre las obras sociales de Ladrilleros, Vareadores, Mosaístas y Fosforeros, entre otras. Sin embargo, la intervención más resonante fue la de OSPRERA, perteneciente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que continúa bajo control de interventores.
La dimensión de esa obra social, tanto por la cantidad de afiliados como por los recursos que administra, convirtió el caso en uno de los focos centrales de controversia. El manejo de OSPRERA fue objeto de cuestionamientos y denuncias por presunto vaciamiento y administración fraudulenta. Además, durante el período de intervención habría perdido más del 15% de sus afiliados.
El denominado “festival de intervenciones” también alimentó disputas dentro del propio Gobierno. De acuerdo con los cuestionamientos planteados durante esos procesos, varios de los interventores designados respondían al sector de los Menem, cercano a Karina Milei. Las críticas apuntaron, además, a que las medidas no se concentraban exclusivamente en entidades quebradas o con problemas financieros, sino también en obras sociales que contaban con recursos.
La situación de la OSPMA fue diferente: sus autoridades sostuvieron la prestación de los servicios y la administración de la entidad mediante el amparo judicial que mantuvo suspendida la sanción de la Superintendencia. Ahora, con la revocación de la resolución y el retiro de la demanda, quedó resuelta la controversia de fondo.
El desenlace representa un triunfo para los municipales de Avellaneda, que lograron frenar el intento de cierre de su obra social y defender una cobertura de salud construida para sus trabajadores y sus familias.