El Parque Industrial de Pilar, el más grande de Argentina y uno de los mayores de Sudamérica, perdió en los últimos seis meses al 20 por ciento del personal que se desempeñaba en las empresas instaladas allí.
Precisamente, 7.000 puestos de trabajo desaparecieron en el último semestre, por lo que pasó de tener 35.000 trabajadores a 28.000, de acuerdo a un relevamiento de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP).
El estudio abarca entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 y coincide con la advertencia del intendente de Pilar, Federico Achával, quien alertó además que de las 300 empresas que operan en el predio, 50 están “al límite de la quiebra o del concurso”.
En ese contexto, el titular del CEPIP, Néstor Dolera, describió que el escenario “está más complicado” que a fines del año pasado al afirmar que, durante el inicio de 2026, “se profundizó la caída de la actividad, con un incremento sostenido de despidos y empresas que achican su estructura para poder sostenerse”.
También, Dolera apuntó que muchas compañías aplicaron recortes en sus planteles operativos, con reducciones que oscilaron entre 10 y 30 trabajadores por empresa.
Una sangría industrial
El Parque Industrial de Pilar es un caso testigo de cómo afecta la fuerte retracción productiva, mediante una cadena de despidos y cierres de plantas en los últimos meses.
Entre los casos que más conmovieron a la opinión pública, se encuentran la ceramista ILVA, que despidió a 300 trabajadores y preserva su producción detenida desde agosto de 2025. Además, la multinacional Kimberly-Clark clausuró su planta local y dejó a 220 personas sin trabajo, tras mudar sus operaciones a San Luis.
En tanto, la firma de baterías Moura finalizó dos líneas de fabricación locales para reemplazar la producción nacional por importaciones provenientes de Brasil, poniendo en riesgo cerca de 25 empleos.
Por otro lado, la proveedora de insumos Berry (Magnera) cerró sus operaciones tras perder a su principal cliente —la mudada Kimberly-Clark—, lo que dejó a unas 350 personas sin empleo.
Dolera consideró que las causas son múltiples y se retroalimentan. En ese sentido, enumeró la apertura de importaciones por la competencia desigual que ofrecen los productos provenientes de China; el tipo de cambio atrasado; y la caída del consumo interno. “No se puede competir”, sentenció.
No obstante, Achaval responsabilizó a las políticas económicas del gobierno nacional y expresó: “Es producto de la apertura indiscriminada de importaciones, que hace que muchas de las industrias del parque industrial pasen o a ser importadoras o despedir trabajadores”.
Las consecuencias
El jefe comunal del distrito también puso el foco en el impacto que causa la pérdida de empleo en los hogares de la zona. “En Pilar son 140 mil las personas que están endeudadas y 60 mil las que están en mora”, mencionó y relacionó a ese endeudamiento con las dificultades que atraviesan los comercios de cercanía.
Aunque la Intendencia intentó generar policías contracíclicas no fue suficiente. Ante ese escenario, Achaval expresó que “el municipio recibe 0 aportes por parte del gobierno nacional, que discontinuó todos los programas que financiaba”, al tiempo que indicó que la coparticipación provincial cayó un 15 por ciento.
En simultáneo, desde el CEPIP exigieron políticas nacionales que equilibren la competencia con los productos importados y una reducción de la carga impositiva. “La competencia es válida, pero debe ser en igualdad de condiciones”, reclamaron.