Tras la polémica por “decretazo” de necesidad y urgencia (DNU) para la “desregulación económica” y tal como anticipó Data Gremial, el presidente Javier Milei firmará otra disposición para dejar sin efecto todas las contrataciones de empleados públicos que se hayan concretado en 2023.
Según un documento al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el nuevo DNU no afecta a aquellas personas que se hayan desempañado en algún organismo público antes del pasado 1 de enero, pero hayan cambiado su modalidad de contratación en el último año. Tampoco se verán afectados aquellos empleados que el titular de cada jurisdicción considere indispensable para el correcto funcionamiento de la entidad.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado que el gobierno no renovaría los contratos firmados en 2023 en el marco del plan para reformar y achicar el Estado y el gasto público. A partir estimaciones extraoficiales y como anticipó este portal, la aplicación de esta medida podría dejar a unos 10.000 empleados de la Administración Pública Nacional (APN) sin trabajo.
Esta iniciativa de Milei complementa la reducción del número de ministerios que también impactó sobre empleados públicos. Tras la eliminación o baja de rango de algunas carteras, múltiples trabajadores se han quedado “sin tarea” a desempeñar. De esa manera, el gobierno libertario tiene pensado llegar a la cifra de entre 30 y 40 mil despidos de estatales que tiene en mente.
Un caso testigo: en el disuelto Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, se desempeñan unos 1.700 estatales pero solo 30 son de planta permanente. Esa cartera fue absorbida, aunque no se sabe si todas sus tareas, por Capital Humano, el ministerio que quedará bajo el control de Sandra Pettovello.
En todo el Estado nacional se desempeñan unos 711.000 trabajadores
A datos de septiembre del 2023 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en el Estado nacional se desempeñan unos 711.000 trabajadores. Ese número abarca a todas las áreas: no solo la Administración Pública Nacional (APN) sino también las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, los docentes universitarios y los trabajadores de empresas públicas o con participación estatal mayoritaria, bancos y organismos públicos.
El mapa del empleo estatal, según sector, se distribuye del siguiente modo: el 47% en la APN, Defensa y Seguridad; el 27%, en Educación; el 13%, en Salud y el restante 13%, en otras funciones.
Del total de 711 mil, 393 mil integran la APN que abarca la administración central con sus ministerios, las empresas estatales y las fuerzas armadas y de seguridad. De esos, 193 mil son civiles que se distribuyen del distintas áreas. Por caso, el 25% está destinado a atención en salud mientras que otro 25% a atención al público. El 15% pertenece al sistema de Cienta y Tecnología.
Los 193 mil están distribuidos en dos marcos de empleo. Uno según la Ley de Trabajo, por caso los que se desempeñan en el ANSeS y distintos organismos. Otros con la Ley Marco de Empleo Público Nacional. De estos últimos, que son unos 100 mil, apenas un tercio forma parte de planta permanente, que ingresaron al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos.
Por caso, actualmente, no puede concursar para un cargo público ningún empleado que no tenga más de 5 años de actividad en el Estado. Es decir, si esa norma se aplica, no hay forma de que se pasen a planta permanente trabajadores que hayan ingresado al Estado de manera reciente.
Marcha de ATE
Este viernes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marchó a la jefatura de Gabinete para protestar contra los despidos anunciados por Milei. Entre otras reivindicaciones como aumentos salariales que superen la inflación y la reapertura de las paritarias, el sindicato exigió el pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado y pidió que se garantice su estabilidad laboral.
Además, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, confirmó otra jornada de movilización y asamblea para el próximo miércoles 27 de diciembre. Ese mismo día, la CGT y las dos CTA marcharán al Palacio de Tribunales en reclamo por el DNU y para presentar ante la Justicia un pedido para que se declare inconstitucional el DNU de desregulación económica y se detenga su aplicación.