En el marco de la crisis del sector lácteo, esta semana la empresa Verónica ingresa en una etapa fundamental. El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 17 dispuso la apertura del concurso preventivo de acreedores de la firma, una instancia judicial que busca ordenar las deudas de la empresa y que abre una nueva etapa para determinar el futuro de sus plantas y el pago de los salarios adeudados a los trabajadores. En este contexto, apareció una posibilidad para reabrir una de las plantas, en la localidad de Lehmann, que genera expectativa entre los empleados, que junto al gremio ATILRA busca salvar las fuentes de trabajo.
La resolución judicial establece “mecanismos de control sobre la situación patrimonial de la compañía” y ordena avanzar “en la identificación de las deudas laborales”. La apertura del concurso no implica, por sí misma, una garantía de continuidad productiva ni una orden para reabrir las instalaciones que permanecen paralizadas. Uno de los puntos centrales es la situación de los empleados, que reclaman el pago de salarios pendientes y la preservación de sus fuentes de trabajo. El juez dispuso investigar los créditos laborales y determinar cuáles podrán acceder al mecanismo de pronto pago, mientras que la sindicatura deberá informar los montos adeudados y las alternativas para su cancelación.
La situación de las plantas de Clason, Suardi y Lehmann también forma parte de las cuestiones que deberán resolverse durante el proceso. Según el resumen judicial difundido por ATILRA Seccional Totoras, existen contratos de preventa vinculados con otras empresas, pero las operaciones requieren autorización judicial. Por el momento, no hay una venta definitiva autorizada.
Inspecciones
En paralelo, se realizarán inspecciones en las instalaciones de Clason, Suardi, Lehmann y otros establecimientos para verificar el estado de las maquinarias, los bienes, la cantidad de trabajadores y el nivel de actividad productiva. Estas medidas permitirán establecer con mayor precisión qué capacidad operativa conserva la empresa. El juzgado también prevé la designación de dos sindicaturas, que tendrán a su cargo la supervisión del concurso, el análisis de las operaciones y el control de las deudas. El sorteo para su designación está previsto para el 23 de octubre de 2026.
En cuanto a los plazos, el vencimiento para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos fue fijado para el 3 de febrero de 2027. Por su parte, la finalización prevista del período de exclusividad quedó establecida para el 7 de febrero de 2028. Durante esa etapa, la empresa deberá avanzar en una propuesta para reorganizar sus obligaciones.
Reactivación
Junto con el avance judicial, surgió una posibilidad de reactivar la planta de Lehmann mediante un contrato de elaboración de leche en polvo para terceros, una modalidad conocida como fasón. De acuerdo con la información publicada por otro medio, el gerente de la planta, Sebastián Meyer, les comunicó a un grupo de operarios la posibilidad de producir para la firma cordobesa Santa Clara. La propuesta todavía no representa una reactivación confirmada. Su concreción dependerá de las condiciones del acuerdo y de los pasos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento las instalaciones.
La planta de Lehmann permanece paralizada desde enero, según el informe periodístico citado, mientras los trabajadores acumulan salarios impagos. La eventual puesta en marcha de una línea de producción aparece como una alternativa para recuperar actividad, aunque aún no hay una decisión definitiva que permita confirmar cuándo podría comenzar. El futuro de Clason también permanece abierto. El juez solicitó información sobre los contratos de fasón y las posibilidades de funcionamiento de las plantas, pero hasta el momento no ordenó su reapertura.
La apertura del concurso preventivo coloca a Lácteos Verónica ante la necesidad de ordenar sus compromisos financieros y laborales bajo supervisión judicial. Para los trabajadores, las principales incógnitas siguen siendo cuándo cobrarán lo adeudado, qué establecimientos podrán volver a producir y cuántos puestos de trabajo podrán sostenerse. El desarrollo del proceso judicial y la eventual concreción de acuerdos productivos serán determinantes para establecer si la empresa puede recuperar actividad y ofrecer una salida a una crisis que afecta tanto a sus empleados como a sus acreedores.