Un nuevo revés judicial frena las intenciones del gobierno nacional de terminar con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): Ayer martes, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín obligó a la gestión libertaria a dar marcha atrás con los pases a disponibilidad de trabajadores del organismo y a pagar una multa de 10 millones de pesos diarios si no se rectifica. La semana pasada, el Congreso rechazó el DNU que disolvía la entidad.
El fallo judicial fue en respuesta a una nueva presentación de ATE. “El pasado miércoles 20 de agosto, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el Decreto 462/25 y frenar los pases a disponibilidad en el INTA. Pese a eso y a la posterior votación del Senado que volteó definitivamente el DNU, el Gobierno actuó –como ya es costumbre- al margen de la ley y pretendió dejar en disponibilidad, mediante la resolución 1.240 del Ministerio de Economía, a 300 trabajadores del organismo”, denunció Rodolfo Aguiar, titular del gremio estatal.
“Hoy (por el martes) el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se volvió a expedir en favor de ATE, obligando al gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de 10 millones de pesos diarios si no se rectifica. En serio, presidente Milei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? Me parece que ustedes, además de coimeros, son bastante cabeza duras”, agregó el dirigente.
Otro fallo
Además, la jueza Federal Martina Isabel Forns remitió copias de lo actuado en el amparo a la Justicia Federal Penal para la averiguación de la posible comisión del delito de desobediencia. El miércoles de la semana pasada, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el DNU 462/2025, que eliminaba la autarquía del INTA y lo ubicaba bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Pese a que el DNU quedó sin efecto por el rechazo del Senado, el Ministerio de Economía, mediante la resolución 1240/25, había dispuesto dejar en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo, lo que ATE consideró como un accionar “al margen de la ley”.
Ataque
El jueves 21 de agosto, el presidente Javier Milei ordenó el pase a disponibilidad de más de 400 empleados y empleadas, en un golpe que compromete la soberanía tecnológica y productiva de todo el país.
La decisión se conoció apenas una hora después de que el Senado rechazara, de manera definitiva y por amplia mayoría, el decreto 462/25 que habilitaba el desmantelamiento de organismos públicos. Sin embargo, a las 19.28 de ese mismo día, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmó la resolución 1240/25 que puso en disponibilidad a cientos de trabajadores, entre ellos a 37 del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF NOA). La medida alcanza a 30 técnicos, cinco contratados y dos becarios, y se dictó en abierta contradicción con una cautelar judicial que prohibía cualquier avance sobre la planta del organismo.