Granja Tres Arroyos, la principal empresa avícola de la Argentina, atraviesa una profunda crisis financiera y laboral que derivó en un proceso de achique de su estructura y más de 1.700 desvinculaciones en los últimos meses. En medio del conflicto, la compañía llegó a ofrecer parte de los salarios mediante entregas de pollos, mientras intenta avanzar en un concurso preventivo que involucra a cuatro sociedades del grupo.
La situación tiene uno de sus principales focos en la planta de La Lonja, en Pilar, donde fueron despedidos 50 trabajadores. El conflicto derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dictó dos conciliaciones obligatorias y ordenó retrotraer las desvinculaciones mientras permanezcan vigentes.
1.200 telegramas y más de 1.700 desvinculaciones
El conflicto laboral no se limita a Pilar. A comienzos de septiembre, la empresa habría enviado cerca de 1.200 telegramas de despido en distintas instalaciones bonaerenses: unos 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.
Aunque la planta de Pilar concentra la menor cantidad de cesantías, el impacto se suma a suspensiones y parates previos. De acuerdo con el relevamiento, el proceso de ajuste habría acumulado más de 1.700 desvinculaciones dentro del grupo durante los últimos meses.
En Pilar, la primera conciliación obligatoria fue dictada el 4 de septiembre, a pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), y tiene vencimiento el 25 de septiembre, con posibilidad de extenderse hasta el 2 de octubre.
La segunda fue dictada el 10 de septiembre, a pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa al personal de las granjas de cría. En este caso, la medida vence el 1° de octubre y podría extenderse hasta el 9 de octubre.
Mientras ambas conciliaciones estén vigentes, la compañía debe retrotraer las desvinculaciones y mantener los puestos de trabajo.
Sueldos a cambio de pollos
En las audiencias entre los sindicatos y la representación empresarial se acordaron paliativos parciales para los trabajadores afectados por la crisis.
Entre ellos apareció una modalidad que refleja la gravedad de la situación: la entrega de cajones de pollo como parte del pago, junto con adelantos de dinero para los operarios.
La medida no resolvió, sin embargo, el conflicto de fondo. Las partes todavía no alcanzaron un acuerdo definitivo respecto de la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo.
Una deuda de $819.480 millones
La crisis laboral se desarrolla en paralelo a un concurso preventivo que alcanza a las cuatro sociedades que integran el grupo económico: Granja Tres Arroyos (GTA), Wade, Avex y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA).
Las empresas tramitan el proceso judicial de manera conjunta bajo la figura de agrupamiento económico prevista en la Ley de Concursos y Quiebras, aunque mantienen separados sus activos y pasivos.
La magnitud del rojo es considerable: las sociedades declararon un pasivo conjunto de $819.480 millones, equivalente a unos US$543 millones al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación.
De ese total, Granja Tres Arroyos declaró deudas por $529.149 millones, Wade por $246.096 millones y Avex por $44.235 millones. Además, el grupo reconoció una deuda superior a $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados.
El deterioro también aparece en los balances de GTA. Los Resultados No Asignados pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un rojo proyectado de $122.052 millones para 2025.
En el mismo período, el índice de liquidez cayó de 1,43 a 0,51, otro indicador del deterioro financiero de la compañía.
Cresta Roja, costos e importaciones: las explicaciones de la empresa
En las presentaciones judiciales, las compañías atribuyeron parte de sus dificultades financieras a la operación mediante la cual buscaron quedarse con los activos de Cresta Roja.
En 2018, Granja Tres Arroyos se constituyó en garante de Wade para la adquisición de las unidades productivas por US$80 millones. Sin embargo, la operación implicó posteriormente desembolsos adicionales por US$26,34 millones, destinados a acreencias laborales, antigüedad del personal y gastos de conservación, además de otros US$5,86 millones abonados a la quiebra de Rasic por bienes retenidos.
A esa carga se sumaron otros US$25 millones de capital de trabajo para reequipar las instalaciones y recomponer circuitos productivos deteriorados. Según las presentaciones judiciales, esos recursos afectaron el giro habitual y expusieron a GTA como garante de la operación.
La compañía también señaló como factores de presión el estancamiento del consumo interno, la dificultad para trasladar a los precios el aumento de los costos de energía, logística e insumos y las características de un producto perecedero.
La importación de pollo también golpea al sector
Otro de los factores señalados por la empresa es el ingreso de carne aviar desde Brasil, favorecido —según la compañía— por la reducción de aranceles y la depreciación del real.
A esto se sumó el impacto de la gripe aviar de 2023, que provocó la pérdida temporal del estatus sanitario argentino y el cierre de mercados como China, Chile y la Unión Europea.
Los números muestran el retroceso de la actividad. Las exportaciones de Granja Tres Arroyos pasaron de US$175,8 millones en 2022 a US$87,5 millones en 2025, mientras que la producción cayó de 670.000 aves diarias en 2024 a 610.000 en 2025, una reducción del 9%.
Las ventas de pollos enteros y trozados también retrocedieron un 17%.
Por su parte, Wade procesó 5,605 millones de aves durante el primer trimestre de 2025, un 29% menos que en igual período del año anterior, y redujo su participación en la faena nacional al 3%.
Avex, en tanto, registró ventas netas por $117.371 millones, frente a costos por $115.992 millones, y sufrió una caída del 54% en sus exportaciones durante 2025, que terminaron en US$3,9 millones.
Una crisis que llega al bolsillo de los trabajadores
Mientras el grupo empresario busca reordenar sus cuentas dentro del concurso preventivo, el conflicto laboral continúa abierto.
Los despidos, las conciliaciones obligatorias y la entrega de pollos y pagos a cuenta como paliativos muestran que la crisis financiera ya impacta directamente sobre los trabajadores de una de las principales empresas del complejo avícola argentino.
El dato que sintetiza el escenario es contundente: un grupo empresario que enfrenta un pasivo declarado de $819.480 millones y que, en paralelo, acumula más de 1.700 desvinculaciones en sus distintas unidades productivas.