Los gremios del sector alimenticio se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires para analizar la situación del país, y llegaron a preocupantes conclusiones, tanto en su rubro como en la economía general. En este sentido, se planteó las dificultades en actividades avícolas, lácteas, frigoríficas y alimenticias, y pidió una “respuesta estatal” frente a cierres, suspensiones y conflictos por indemnizaciones. En este sentido, la Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) expresó su preocupación por la situación económica y social del país y advirtió sobre “el deterioro de la industria alimenticia, con despidos masivos, cierres de fábricas, suspensiones y reducción de las horas de trabajo”.
A través de una declaración aprobada en su XXX Congreso General Ordinario, las organizaciones sindicales del sector cuestionaron el modelo económico del Gobierno nacional y reclamaron “un cambio de rumbo que permita recuperar la producción, el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores”. Bajo las consignas “Industria nacional”, “Trabajo, salario y justicia social”, la entidad sostuvo que es necesario favorecer la producción y el trabajo argentino para construir una sociedad productiva, equitativa, inclusiva y solidaria. Entre otros dirigentes, participaron del Congreso Héctor Morcillo (Alimentación), Luis Hlebowicz (Pasteleros), José Voytenco (UATRE), Héctor “Etín” Ponce (ATILRA), Gastón Frutos (Panaderos), Rubén Lafuente (Molineros) y José Fantini (Carne).
En el documento, las organizaciones sindicales señalaron que los bajos niveles de consumo, demanda y producción, la elevada capacidad ociosa de las plantas, el incremento persistente de los precios, las importaciones indiscriminadas y la falta de inversión pública conforman un escenario que golpea directamente a la actividad industrial. A ese cuadro, agregaron los ajustes en los gastos de salud y educación, que, según denunciaron, profundizan el deterioro de las condiciones sociales y laborales. Otro de los ejes centrales del pronunciamiento fue la situación de las obras sociales sindicales. CASIA denunció que el modelo económico “está desfinanciando deliberadamente al sistema” y advirtió que esa situación repercute en la prestación de los servicios de salud. Según explicaron, los recursos de las obras sociales disminuyen como consecuencia de la caída del empleo formal, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la falta de pago de los subsidios y reintegros automáticos que les corresponden.
Panorama desalentador
Uno de los principales puntos de preocupación de CASIA es la pérdida de puestos de trabajo en distintas ramas de la industria alimenticia. La confederación mencionó especialmente las actividades avícola, láctea, frigorífica y alimenticia, donde advirtió sobre despidos masivos y un escenario de creciente incertidumbre laboral. “No podemos naturalizar despidos masivos de trabajadores/as sin pago de indemnizaciones”, señalaron las organizaciones sindicales, que también cuestionaron la actuación del Estado y de la Justicia frente a estas situaciones.
En ese sentido, denunciaron que, mientras se multiplican los conflictos laborales, el Estado permanece al margen y la Justicia convalida, según expresaron, el atropello de los derechos de los trabajadores. Frente a este panorama, los gremios plantearon la necesidad de “modificar el rumbo económico para sostener el empleo, los salarios y la protección social”, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de crecimiento que tenga como eje “el desarrollo productivo y la justicia social”.
Contra el RIGI
La declaración también cuestionó los beneficios otorgados a determinados sectores económicos a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para CASIA, no alcanza con favorecer de manera desproporcionada a actividades que ya son competitivas y que, además, requieren menos trabajadores que otros sectores industriales. En contraposición, las organizaciones reclamaron políticas que impulsen la producción nacional y permitan ampliar las oportunidades laborales, fortalecer el mercado interno y garantizar una distribución más justa de la riqueza.
“Debemos y podemos transformarnos en una sociedad productiva, equitativa, inclusiva y solidaria”, afirmaron, al tiempo que plantearon la necesidad de construir una alternativa política que permita recuperar el camino del crecimiento y el desarrollo con justicia social. Como referencia, el documento mencionó la experiencia de Brasil y sostuvo que, frente a la derecha liberal, conservadora y represiva, existe una voluntad mayoritaria de los sectores excluidos de seguir trabajando por una sociedad que incluya a todos.
Al mismo tiempo, señalaron que los costos de los insumos médicos, los profesionales, la tecnología y las prestaciones de mayor complejidad aumentan por encima de los salarios e incluso del índice general de precios. Para las organizaciones sindicales, esta combinación de menores ingresos y mayores costos compromete el futuro inmediato de las obras sociales y pone en riesgo la capacidad de sostener las prestaciones asistenciales. En el mismo documento, la confederación denunció públicamente irregularidades en los traspasos y cambios de obra social realizados sin el conocimiento de los beneficiarios. Ante esta situación, aseguró que “está llevando adelante acciones institucionales y jurídicas para responder a lo que calificó como un despojo de derechos realizado de manera oportuna y especulativa”.