La Asociación Bancaria elevó "una severa queja formal" contra el Estado argentino ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El planteo, avalado por la CGT y diversas federaciones internacionales, advierte sobre "flagrantes violaciones a los convenios sobre libertad sindical" tras la denuncia por presunta represión policial en Tucumán. En la cumbre anual de la entidad, realizada a mediados de este año en Suiza, la delegación argentina también expuso las políticas del gobierno, en especial la reforma laboral aprobada en febrero de este año.
El núcleo de la presentación se centra en los hechos del 5 de diciembre de 2025. Aquella jornada, según un comunicado de la organización sindical, representantes de la Seccional Tucumán del gremio, encabezados por el dirigente nacional Carlos Cisneros, realizaban una asamblea en el interior de la sucursal Concepción del Banco Patagonia, en reclamo por un despido y diversas denuncias de hostigamiento laboral.
Según consta en el documento elevado a Ginebra, sede de la OIT, la actividad se desarrolló "de forma íntegramente pacífica". "Sin embargo, a instancias de un requerimiento de la propia entidad bancaria, efectivos de la División Infantería provincial se apostaron en el lugar. La intervención policial no ocurrió para desarticular un disturbio, sino que se desencadenó cuando los trabajadores salían del establecimiento tras concluir su medida gremial", señala el comunicado.
Violencia institucional
El escrito, agrega el texto, describe "un nivel de violencia institucional desproporcionado". "Los registros confirman que los agentes intervinieron con sus rostros cubiertos, lo que impidió su identificación individual. Además, emplearon escopetas calibre 12/70, efectuando disparos, y utilizaron guantes tácticos con refuerzos rígidos en los nudillos, elementos no permitidos para la contención ciudadana dado que su única función es multiplicar el daño de los golpes", consignó la entidad gremial. "Esta represión dejó como saldo dirigentes lesionados, detenidos y sometidos a tratos vejatorios, vulnerando los convenios 87, 98 y 135 de la OIT sobre el derecho a la sindicación y la protección de los representantes gremiales", añade el comunicado.
La denuncia advierte además sobre "un grave entramado de encubrimiento y persecución posterior". "Para la investigación del operativo policial, se secuestraron las armas de manera tardía, dejando la custodia y los peritajes en manos de la misma fuerza de seguridad implicada. Asimismo, la causa recayó en una fiscalía especializada en usurpaciones y cibercriminalidad, totalmente ajena a la investigación de violencia institucional", manifestaron.
Tratamiento urgente
En un contraste que el gremio tilda de "mecanismo disuasorio y de criminalización, dos de los trabajadores reprimidos fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad". "Para perseguir a los bancarios -en un expediente donde el Banco Patagonia figura como damnificado- el Estado sí destinó los recursos de su Unidad Fiscal de Homicidios y Graves Atentados contra las Personas. Coronando este panorama de indefensión, la justicia tucumana le ha negado reiteradamente a la Asociación Bancaria el rol de parte querellante, excluyendo a la entidad sindical del control de la prueba e impidiéndole participar en las pericias balísticas fundamentales", aseveró el gremio.
A través de esta presentación, La Bancaria ha solicitado a la OIT "un tratamiento urgente del caso y recomendaciones severas para que el Estado argentino cese la persecución penal, garantice una investigación imparcial, permita el acceso a la justicia de la organización y disponga de protocolos que prohíban el uso de armas en asambleas gremiales pacíficas".