Organismos de Derechos Humanos presentaron ante diputados nacionales un informe donde denuncian la “violenta represión” que tuvo lugar en los alrededores del Congreso nacional cuando se trataba la Ley Ómnibus, y alerto de “detenciones arbitrarias”, además de lesiones a centenares de manifestantes, incluyendo muchos periodistas. El trabajo revela que, “frente a una ciudadanía que se manifestó de manera pacífica frente al Congreso, el gobierno nacional montó un desproporcionado e irracional operativo de seguridad para aplicar el protocolo antipiquetes, con el objeto de liberar las vías de circulación”.
El relevamiento fue realizado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la Comisión Provincial por la Memoria, quienes monitoreó el despliegue y uso de la violencia por parte de las fuerzas y presentó un reporte a la cámara de Diputados reclamando que “se tomen medidas para impedir la reiteración de estos hechos”. En el mismo se habla de un “verdadero operativo represivo que terminó con 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes; al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales”.
“La represión brutal desatada en estas tres jornadas y las declaraciones públicas de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich dan cuenta de que las fuerzas de seguridad están siendo ordenadas para la consecución de fines políticos partidarios, a través de la puesta en marcha de dispositivos represivos que buscan cercenar la posibilidad de manifestarse y protestar ante las autoridades, un derecho que es garantía del funcionamiento democrático”, indicaron.
Medidas represivas
Asimismo, se solicitó que las modificaciones que se proponen para el Código Penal, previstas para las figuras de “atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa”, no sean aprobadas, “toda vez que consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los pactos internacionales vigentes”.
En este sentido, el registro de los hechos de represión demuestra que las fuerzas de seguridad “actuaron por fuera de cualquier margen razonable, incluso atacando personas que estaban en las veredas o la plaza y violando todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social”.
El informe presentado a la cámara de Diputados, también señala con “preocupación” el ataque, en el marco de la represión, “a periodistas y defensores y defensoras de derechos humano”. Esta situación “es particularmente grave y contraria a todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resalta el papel fundamental de los medios de comunicación en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales y el de los organismos de derechos humanos para la documentación y registro de la violencia estatal”.
Intersindical
Por su parte, la Intersindical de Comunicación, que integran representantes de prensa de gremios pertenecientes a las dos fracciones de la CTA y la CGT, repudió “el brutal ataque a trabajadores de prensa y a todas las víctimas del operativo represivo” ocurrido este jueves en inmediaciones del Congreso de la Nación. “Desde la Intersindical de Comunicación condenamos enérgicamente la violenta represión ejecutada anoche frente al Congreso por las fuerzas represivas de Milei y Bullrich”, expresaron los referentes de prensa gremiales a través de una declaración pública.
El documento señaló que el accionar “dejó numerosos heridos con balas de goma, entre ellos más de 20 trabajadores de prensa”. Al respecto, el mensaje sindical alertó que “el brutal ataque tiene como objetivo acallar las voces que se oponen a la Ley Ómnibus y silenciar la tarea de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que solo pretenden ejercer su tarea de informar a la sociedad”.
“Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores atacados y nuestro más absoluto repudio a este tipo de operativos represivos”, se pronunció la Intersindical de Comunicación. Por último, la declaración del espacio concluyó: “Con la criminalización de la protesta social no lograrán apagar las voces que se oponen al ajuste salvaje del Gobierno Nacional ni amordazar a los medios de comunicación que llevan adelante su trabajo de informar”.