Los despidos en el Estado nacional no terminan con la pérdida del puesto de trabajo. Para miles de trabajadores, la salida del sector público abrió una etapa de incertidumbre económica, dificultades para sostener tratamientos médicos y una búsqueda laboral que muchas veces desemboca en empleos hiperprecarizados. Así lo reflejan los testimonios de exempleados del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy intentan reconstruir sus ingresos mientras reclaman reincorporaciones o el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Un caso emblemático es el de Paulina Rojas, quien trabajó durante quince años en la delegación de La Rioja del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En 2022 aprobó el examen para ingresar a la planta permanente, una conquista que le permitió dejar atrás más de una década de contratos transitorios y proyectar una mayor estabilidad.
Sin embargo, dos años después, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, la pasó a disponibilidad. La medida redujo sus ingresos a la mitad y la dejó frente a la posibilidad de perder su empleo, su obra social y la continuidad de tratamientos médicos que necesita.
Rojas había atravesado un cáncer y requiere medicación desde que le extirparon la tiroides. Además, necesita sostener un tratamiento psiquiátrico vinculado con problemas de salud mental que arrastra desde su infancia, marcada por el secuestro de su padre durante la última dictadura.
A los 51 años, la incertidumbre sobre su futuro laboral y económico se convirtió en una carga cotidiana. “Es muy difícil llevar esta situación. A mí me está llevando puesta”, relató.
La trabajadora presentó un amparo judicial y consiguió extender de seis a nueve meses el período de disponibilidad, lo que postergó la posibilidad del despido. Mientras pelea por su reincorporación, también busca alternativas para sobrevivir: consiguió trabajo como setter, una actividad digital que consiste en agendar citas entre usuarios de redes sociales y profesionales.
Trabajó para un médico mexicano y un cirujano plástico de Buenos Aires, pero descubrió que cobraba a comisión. En ese esquema, los ingresos dependen de que se concreten las ventas de tratamientos y no de las horas efectivamente trabajadas.
El caso de Rojas, reconstruido por Página/12, expone una de las consecuencias de los recortes estatales: trabajadores con años de experiencia y estabilidad recientemente conquistada deben aceptar empleos sin ingresos garantizados, incluso cuando enfrentan problemas de salud que requieren continuidad asistencial.
Despidos, hostigamiento y reclamos sin respuesta
La situación se repite entre quienes trabajaron en el Ministerio de Desarrollo Social y quedaron fuera de la administración pública. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, varias trabajadoras sociales despedidas hace un año consiguieron empleos en municipios que sostienen políticas sociales, pero bajo modalidades de contratación precarias y con salarios inferiores.
Otras encontraron una salida en la docencia, aunque los ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades. La consecuencia es una multiplicación de ocupaciones: dos o tres trabajos, emprendimientos familiares y ventas informales para completar el presupuesto.
Entre las alternativas aparecen la elaboración y venta de empanadas durante los fines de semana, los productos de aromaterapia y la comercialización de ropa. Actividades que funcionan como un recurso de emergencia ante la pérdida del salario estatal, pero que no garantizan estabilidad ni ingresos regulares.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la delegada Jorgelina Fradera denunció que los despidos estuvieron acompañados por prácticas de hostigamiento. “Por ejemplo, cada fin de semana largo mandaban una tanda de telegramas”, contó sobre el mecanismo utilizado para comunicar las cesantías.
Según su relato, los delegados que organizaban asambleas para enfrentar el temor y mantener la organización colectiva también recibían sanciones. “Buscaron quebrarnos, agotarnos mediante el hostigamiento”, sostuvo.
Las dificultades continúan incluso después de la desvinculación. Daniela, una de las trabajadoras sociales despedidas, cuestionó el trato que reciben cuando intentan resolver trámites pendientes y reclamar sus derechos.
“El ministerio, que tiene nuestros legajos con la historia laboral de cada una, nos desconoce. Contesta nuestros reclamos como si nunca hubiéramos existido”, denunció.
La trabajadora explicó que deben reunir documentación para cada gestión y que, aun cuando presentan los papeles requeridos, las autoridades impugnan sus reclamos. Entre los trámites pendientes se encuentran los vinculados con el cobro completo de las indemnizaciones.
“Eso hace que reclamar sea no solo difícil, sino también doloroso. Es difícil lidiar con eso cuando al mismo tiempo estás tratando de resolver tu vida cotidiana, con dos o tres trabajos”, resumió.
La respuesta gremial: organizarse para resistir
Frente a la pérdida de ingresos y el desgaste provocado por los reclamos, los exempleados de Desarrollo Social organizaron junto con ATE la Feria Compañera, un espacio para promover emprendimientos familiares y generar recursos. Pero la iniciativa también tiene un objetivo colectivo: sostener los vínculos entre quienes fueron despedidos y evitar que la dispersión debilite sus reclamos.
“Nos estaban desmembrando y nos planteamos: ‘esto no se puede romper, tenemos que poder resistir’. Como tenemos lazos construidos con mucha historia, empezamos a pensar cómo sostenernos”, explicó Mariano Dalto, dirigente de ATE en Desarrollo Social y responsable de la feria.
El encuentro se realiza una vez por mes y permite que los trabajadores comercialicen sus productos, compartan sus experiencias y mantengan el contacto mientras continúan las gestiones por la reincorporación o el cobro de las indemnizaciones.
Dalto también cuestionó el uso masivo del pase a disponibilidad durante la gestión de Javier Milei. Según explicó, el mecanismo supone un período durante el cual los trabajadores deben recibir capacitación para desempeñar otras funciones o ser reubicados en la administración pública.
“Pero el gobierno no hizo ninguna de estas cosas. No llamó a nadie durante ese año, a pesar de todos los pedidos. Fue muy perverso, muy cruel”, afirmó.
El dirigente sindical señaló, además, que muchos de los despedidos debieron iniciar demandas judiciales porque no se les reconoció la totalidad de su antigüedad. En algunos casos, pese a haber trabajado durante más de veinte años en el Estado, las liquidaciones contemplaron solamente los dos o tres años transcurridos desde su incorporación a la planta permanente.
A esa situación se suma la dificultad de quienes estaban cerca de la edad jubilatoria y quedaron sin la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada, en un escenario que obliga a prolongar los reclamos judiciales y laborales.
El impacto sobre las personas trans
Entre los sectores más afectados se encuentran quienes ingresaron a la administración pública a través del cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero, establecido por la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins.
Vanessa Samianta, compañera de Rojas y trabajadora de atención al público en la delegación regional de La Rioja, denunció que fue despedida en marzo de 2024, pocos meses después de haber conseguido un empleo formal a fines de 2022.
“Nosotras fuimos las primeras despedidas… y éramos las que más necesitábamos el trabajo”, afirmó.
Vanessa es profesora de teatro e inglés y cuenta con formación y capacitación, pero explicó que durante años encontró dificultades para acceder a un empleo registrado debido a la discriminación. Antes de ingresar al Estado, dependía de changas informales, como la venta de ropa en una feria, por las que cobraba apenas dos mil pesos por jornada.
El ingreso al ministerio le permitió mejorar sus condiciones de vida y comprar electrodomésticos básicos. Sin embargo, la desvinculación volvió a dejarla en una situación de extrema vulnerabilidad.
“Con el despido mi vida se destruyó en todo sentido, estoy viviendo en un rancho hecho de plástico y maderas. No les importó nada una ley que me protegía”, relató.
La trabajadora sostuvo que no recibió explicaciones que justificaran su salida. “No creo para nada haber hecho algo malo, no hubo ninguna razón para mi despido. Siempre me sentí merecedora de mi trabajo”, expresó.
Actualmente, sus únicos ingresos provienen de las clases particulares de inglés que dicta a distancia. Aunque reclamó ante el gobierno provincial para acceder a un puesto laboral, todavía no obtuvo respuesta.
“Me encuentro desempleada, en una vivienda precaria y sobreviviendo el día a día en una ciudad en la que, aun habiendo estudiado, no me da un espacio para tener un trabajo digno”, concluyó.
Los testimonios muestran que el ajuste estatal no se limita a la reducción de puestos en la administración pública. También tiene consecuencias sobre las condiciones de vida de quienes pierden su salario, deben afrontar reclamos prolongados y buscan alternativas laborales sin garantías. Para muchos de ellos, la salida del Estado no significó una transición hacia nuevas oportunidades, sino el comienzo de una etapa de mayor precariedad e incertidumbre.