La decisión de la secretaría de Trabajo nacional de llamar a renegociar más de 800 convenios colectivos sigue generando polémica, y el rechazo se extiende no sólo al sector sindical, sino además a los empresarios. Es que en estas horas circula una versión de dos importantes cámaras patronales pedirán a la justicia que suspenda esta medida. Se trata de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), que emplean a 4 millones de personas, que por estas horas preparan amparos contra la reglamentación impuesta en este tema, en el marco de la resistida reforma laboral.
Según información publicada por el portal El Destape, estas dos entidades mercantiles preparan en sintonía una estrategia judicial para detener el decreto 407/26 que forzó la renegociación de más de 800 convenios colectivos de trabajo. La CAC y la CAME discuten y firman sus acuerdos laborales con la Federación de Empleados de Comercio (FAECyS) bajo la conducción de Armando Cavalieri. Uno de los pedidos de las patronales apunta a evitar la disolución de un ente de capacitación de empleados mercantiles.
La disputa judicial que traman en CAC y CAME amenaza, dice el mismo medio, “con extenderse a otras actividades marcadas por la simbiosis entre patronales y sindicatos y en las que, al calor de esta gimnasia, florecieron a lo largo de las décadas aportes especiales, cuotas solidarias, institutos y fundaciones con financiamiento mixto”. Los propios dirigentes mercantiles admiten haber conversado sobre un posible efecto dominó en otros rubros como el metalúrgico, la gastronomía y la hotelería.
Ultraactividad
El foco de la controversia es el fin de la ultraactividad (es la garantía de continuidad de vigencia de un convenio colectivo de trabajo más allá de su fecha formal de caducidad mientras no se acuerde un instrumento superador) que impuso la reforma laboral y, en particular, los límites que estableció el decreto 407 sobre las posibilidades de gremios y empresas de renegociar las denominadas “cláusulas obligacionales”. Esas cláusulas son las que consagran cuotas especiales, aportes y fondos diferenciados del capítulo salarial de cada paritaria, y que vigorizan las estructuras de los dos lados del mostrador.
Sobre esos aportes la ley establecía un tope sobre el salario de 2 por ciento para los destinados a gremios y obras sociales, y de 0,5 por ciento para entidades de empleadores. La reglamentación de Federico Sturzenegger avanzó sobre ese texto, previamente acordado con la CGT, y estableció el límite sobre los sueldos básicos y no los conformados, en general muy superiores. El decreto aclaratorio 612/26, de este lunes, mantuvo los topes pero extendió los rubros sobre los cuales pueden calcularse las contribuciones “solidarias” con esos mismos
Ambigüedad
Es que la ambigüedad deliberada en la redacción del decreto 407, que no se alteró con la aclaratoria, habilita una renegociación de mayor amplitud sobre muchos ítems de los convenios colectivos, así como la irrupción en la discusión de nuevos actores, tanto en la representación de los empresarios (cualquiera que acredite contar con al menos 10 por ciento de los trabajadores de una actividad podrá reclamar una silla) como de los sindicatos (se estimula la aparición de nuevos, por provincias o incluso por compañías).
El temor compartido entre gremios y cámaras empresariales es el quiebre de los cimientos económicos que sostienen sus estructuras. La prevalencia de los convenios de grado menor contra los de alcance nacional, la proliferación de gremios y cámaras en un pie de igualdad con las preexistentes y el “permiso legal” para que los trabajadores puedan aceptar individualmente empeorar sus condiciones, entre otros puntos, suena tan tentador como inquietante. De hecho los dirigentes empresarios y sus asesores más experimentados recuerdan etapas en las que la mayor dispersión en las negociaciones terminó por dinamitar todo el sistema de paritarias para volverse un búmeran de conflictividad para los empleadores.