En el marco del inicio del 196º Período de sus Sesiones Ordinarias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió ayer martes a una delegación de gremios argentinos que denunciaron la política laboral del gobierno de Javier Milei. La audiencia convocada por la entidad sirvió para que la dirigencia del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), promotor de la presentación, expusiera la situación que viven los trabajadores argentinos a partir de iniciativas como la reforma laboral, que consideran provoca “un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”. Además, expusieron el uso de la represión para imponer este modelo de trabajo. “Se restringe el derecho a huelga, ataca a las organizaciones sindicales y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”, fue uno de los argumentos.
La audiencia realizada ayer martes en Washington sirvió para que la delegación del FreSU denunciara al gobierno argentino, por la aplicación de varias iniciativas en el ámbito laboral que vulneran derechos de los trabajadores y sus organizaciones. La presentación estuvo a cargo de dirigentes del espacio, junto a referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados Laboralistas, y la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT). Allí, el espacio alertó sobre la existencia de “una política de persecución política y disciplinamiento”.
"El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos", dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al iniciar la exposición por parte del FreSU. “Aquello que sostuvo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar", resaltó.
Ataque y persecución
Por su parte, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, precisó que, como parte de esa política de destrucción de los derechos laborales, "el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres”. "Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de ocho horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida", dijo Chevalier y subrayó: "Esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares".
Al abordar la persecución política a sindicalistas y sindicatos, el secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo: "El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo". El dirigente también señaló: "El gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contras organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte".
Ante las exposiciones de los solicitantes de la audiencia, los comisionados de la CIDH hicieron algunos cuestionamientos y solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por los modos y las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral. Y, ante esas preocupaciones, Cremonte precisó que "la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores pueden ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja".
Estatuto del periodista
A su turno, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que la decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista Profesional "es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país".
Además, la abogada Mariana Amartino solicitó, en nombre de todas las organizaciones que pidieron la audiencia, que la CIDH "emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho".