El juez de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, presentó una medida cautelar para evitar dejar su cargo el próximo 27 de julio, cuando cumplirá 75 años, la edad límite que establece la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura, salvo que el Poder Ejecutivo proponga su continuidad y el Senado otorgue un nuevo acuerdo por otros cinco años.
La presentación judicial se produce en un contexto de fuerte controversia política, ya que el magistrado fue uno de los integrantes del tribunal que suspendió la medida cautelar que impedía la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Apenas un día después de ese fallo, el Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado para extender su permanencia en el cargo, una secuencia que despertó cuestionamientos desde sectores de la oposición y de la CGT.
Busca evitar que se declare vacante su cargo
Ante la posibilidad de que el Senado no alcance a tratar su designación antes de la fecha límite, Pesino recurrió a la Justicia para solicitar que se ordene al Ministerio de Justicia abstenerse de comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia del cargo hasta que concluyan las sesiones ordinarias de 2026.
Además, el camarista adelantó que promoverá la declaración de inconstitucionalidad del inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional —que regula la continuidad de los jueces al cumplir 75 años— y de un artículo de la Resolución 226/2024 del Ministerio de Justicia que dispone la apertura de la vacancia cuando un magistrado alcanza esa edad.
En su presentación, el juez repasó las gestiones realizadas para obtener un nuevo acuerdo del Senado, entre ellas reuniones con el entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, además de la defensa de su pliego ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
El pliego quedó frenado en el Senado
El pliego de Pesino obtuvo dictamen favorable con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados luego de una tensa reunión en la que recibió cuestionamientos de senadores del bloque peronista.
Sin embargo, la iniciativa nunca llegó al recinto. La actividad parlamentaria quedó prácticamente paralizada tras la controversia generada por el caso del vocero presidencial Manuel Adorni, situación que demoró el tratamiento de numerosos pliegos judiciales.
En su escrito, Pesino atribuyó esa demora a "razones políticas" ajenas a su voluntad y sostuvo que la Constitución no establece plazos claros para que el Poder Ejecutivo remita los pliegos ni para que el Senado los trate antes de que el magistrado alcance el límite de edad.
"No fija plazos ni términos de anticipación para que el magistrado solicite el nuevo acuerdo, no regula plazos de remisión del pliego por parte del Poder Ejecutivo, y no contempla las consecuencias jurídicas o la situación de revista del juez ante el silencio del Senado", argumentó.
El antecedente de Ana María Figueroa
La estrategia judicial de Pesino encuentra un importante antecedente en el caso de la jueza Ana María Figueroa, quien en 2023 intentó permanecer en la Cámara Federal de Casación Penal después de cumplir 75 años mientras aguardaba la aprobación de un nuevo acuerdo por parte del Senado.
En aquella oportunidad, la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad que la magistrada había perdido automáticamente su investidura al no haber obtenido el nuevo nombramiento antes de alcanzar la edad límite establecida por la Constitución.
El máximo tribunal ratificó además el criterio fijado en el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, según el cual el nuevo acuerdo del Senado y el decreto presidencial deben estar firmados antes de que el juez cumpla 75 años.
Pese a que posteriormente el Senado aprobó el pliego de Figueroa y el entonces presidente Alberto Fernández firmó un decreto para extender su mandato, la magistrada finalmente no volvió a ejercer funciones y terminó solicitando su jubilación tras el cambio de gobierno.
Ahora, la presentación de Pesino vuelve a colocar en debate los alcances del artículo 99 de la Constitución y el mecanismo previsto para la continuidad de los jueces que alcanzan el límite de edad, en un caso que también aparece atravesado por la discusión política en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.