La situación judicial de Juan Pablo “Pata” Medina volvió a complicarse. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento que había beneficiado al exlíder de la UOCRA La Plata y dejó sin efecto el fallo que había cerrado la causa en la que está acusado de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero.
La decisión del máximo tribunal, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a los argumentos de la Procuración General, que había cuestionado la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal por considerarla arbitraria y prematura.
Ahora, el expediente regresará a Casación, que deberá analizar nuevamente los planteos de la fiscalía con otra integración. El camino judicial podría terminar nuevamente en un juicio oral contra Medina y el resto de los acusados.
De la caída sindical al frente judicial
Medina había sido detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien lo procesó por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión y dispuso un embargo de 200 millones de pesos sobre sus bienes.
En febrero de 2020 obtuvo prisión domiciliaria, que cumplió en su vivienda de Ensenada. Al año siguiente fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal 2, pero volvió a quedar detenido después de incumplir una de las condiciones impuestas: tenía prohibido participar de actividades gremiales.
El dirigente quedó así en el centro de una de las causas judiciales más resonantes contra un dirigente sindical durante el gobierno de Mauricio Macri.
Pero el expediente tendría luego un giro inesperado.
El sobreseimiento antes del juicio
Cuando faltaban apenas horas para que comenzara el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, el juez Alejandro Smoris resolvió de manera unipersonal declarar la nulidad de toda la causa y sobreseer a Medina y al resto de los acusados.
Dos meses después, Smoris renunció a su cargo.
El magistrado sostuvo que la investigación por extorsión había sido impulsada en el marco de un supuesto armado de una “mesa judicial” durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, episodio que quedó posteriormente vinculado al denominado caso de la “Gestapo judicial”.
La hipótesis apuntaba a una reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios bonaerenses y agentes de inteligencia habrían analizado mecanismos para avanzar judicialmente contra Medina.
La sombra de la “Gestapo judicial”
La reunión quedó registrada mediante una cámara oculta y tuvo como protagonista al entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien expresó una frase que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de aquella trama: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
A partir de una denuncia presentada por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fernández, ese episodio comenzó a investigarse en un expediente paralelo.
Smoris consideró que la causa contra Medina podía ser consecuencia de aquellas maniobras de inteligencia ilegal y sostuvo que se habría tratado de un proyecto más amplio destinado a conseguir que el dirigente fuera imputado, procesado y detenido al margen de las garantías del debido proceso.
La fiscalía apeló aquella decisión.
La Corte vuelve a abrir el expediente
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Ángela Ledesma y Alejandro Slokar y la disidencia de Guillermo Yacobucci, había convalidado la nulidad de la causa y los sobreseimientos.
El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, llevó el caso hasta la Corte y advirtió que cerrar el expediente impedía al Ministerio Público cumplir con su obligación constitucional de promover la actuación de la Justicia y determinar, durante un debate oral y público, qué ocurrió con los hechos investigados.
El máximo tribunal coincidió con ese planteo y dejó sin efecto el fallo de Casación.
La causa deberá ser revisada nuevamente y Medina vuelve a quedar expuesto a un eventual juicio oral por los delitos que se le imputan.
La resolución no implica una condena ni determina la culpabilidad del exjefe de la UOCRA platense: lo que hace es reabrir el camino procesal para que las acusaciones puedan ser discutidas en un juicio público.
Así, después de años de detenciones, excarcelaciones, denuncias cruzadas y la explosiva trama de la “Gestapo judicial”, el expediente que parecía cerrado vuelve al tablero. Y el histórico dirigente sindical de la construcción, que supo tener un enorme poder en La Plata, enfrenta otra vez una de las etapas más complejas de su larga disputa con la Justicia.