El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió la puerta a proyectos mineros por miles de millones de dólares, pero desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) plantearon que el volumen de capital que ingrese al país no puede ser el único indicador para medir el impacto de esas iniciativas. El sindicato reclama que las inversiones también se traduzcan en empleo, capacitación, participación de empresas nacionales y desarrollo para las comunidades donde se radican los proyectos.
Actualmente, el RIGI reúne 23 proyectos aprobados por unos US$49.766 millones, de los cuales 12 corresponden al sector minero. Dentro de esa actividad, el cobre concentra el mayor volumen de inversiones, con alrededor de US$13.300 millones, mientras que el litio también ocupa un lugar relevante. A su vez, existen 25 iniciativas en evaluación por unos US$159.713 millones, lo que da cuenta de la magnitud de los desembolsos que podrían incorporarse al régimen.
El sindicato jerárquico minero sostiene que respalda la inversión, la minería y el desarrollo de los recursos naturales, pero advierte que las condiciones especiales que ofrece el RIGI —entre ellas beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, amortizaciones aceleradas y estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante décadas— también deben ser analizadas desde la perspectiva de los trabajadores y las economías locales.
“No alcanza con conocer cuánto se invierte”
Para Humberto Coria, director Regional Centro de ASIJEMIN, el principal desafío es que semejante volumen de inversiones genere oportunidades concretas para los trabajadores argentinos.
“No alcanza con conocer cuánto se invierte o cuánto se va a exportar. También tenemos que saber cuántos puestos de trabajo se generan para los argentinos, cuántos puestos técnicos y jerárquicos serán ocupados por nuestros trabajadores y cuánto trabajo quedará para las empresas nacionales y provinciales”, planteó el dirigente.
La preocupación adquiere mayor dimensión frente al costo fiscal asociado a los proyectos. Distintos estudios citados por ASIJEMIN estiman que, cuando las iniciativas alcancen su plena producción, el costo fiscal podría ubicarse en torno a los US$1.813 millones anuales, con escenarios que lo sitúan entre US$1.307 millones y US$2.362 millones por año.
Para el gremio, ese esfuerzo del Estado debe estar acompañado por un compromiso concreto con el desarrollo argentino. La discusión, sostienen, no debería limitarse a cuánto capital ingresa al país o cuánto crecerán las exportaciones, sino también a qué puestos de trabajo se generan, quiénes los ocupan, qué empresas participan de los proyectos y cuánto valor queda en las provincias y comunidades mineras.
El reclamo por el trabajo y los proveedores nacionales
ASIJEMIN también puso el foco sobre las facilidades para la contratación y la importación asociadas a los grandes proyectos. Según el sindicato, esas condiciones pueden generar una situación desigual frente a empresas argentinas que generan empleo, tributan en el país y sostienen las economías locales.
El planteo alcanza especialmente a la infraestructura, los módulos habitacionales y los equipamientos necesarios para desarrollar los emprendimientos mineros. Para el gremio, el crecimiento de la actividad debería contemplar la capacidad instalada en Argentina para producir una parte de esos bienes y servicios y generar así un entramado de proveedores nacionales y provinciales.
En otras palabras, la discusión que plantea ASIJEMIN no pasa por cuestionar las inversiones mineras, sino por qué modelo de desarrollo se construye alrededor de ellas. Para el sindicato, la llegada de capitales debe tener un correlato en el mercado laboral y productivo argentino.
Capacitación para ocupar los puestos que genere la minería
El otro eje que ASIJEMIN considera central es la formación profesional. Si la minería atraviesa una etapa de expansión de la magnitud que anticipan los proyectos aprobados y en evaluación, el sindicato entiende que también debe existir una estrategia para preparar a los trabajadores argentinos para ocupar los puestos que demande la nueva etapa.
“Si la minería va a crecer de esta manera, tenemos que preparar a nuestros trabajadores para ocupar los puestos que se van a generar. No queremos que el crecimiento de la actividad quede solamente reflejado en las exportaciones; queremos que también se vea en el desarrollo profesional y laboral de los argentinos”, remarcó Coria.
Así, ASIJEMIN busca instalar una discusión que irá ganando peso a medida que avancen los proyectos: el éxito de las inversiones mineras no debería medirse solamente en dólares comprometidos o toneladas exportadas, sino también en empleos de calidad, desarrollo profesional, proveedores nacionales y recursos que permanezcan en las provincias donde se extraen los minerales.
Para el sindicato, el trabajador minero argentino debe estar en el centro de esa expansión.