La CGT intenta despegarse de la controversia oficial por la supuesta medida que estudiaría el Ejecutivo para desenganchar la suba del salario social complementario que cobran los beneficiarios de planes sociales del aumento del salario mínimo. En la central obrera atribuyen la versión al supuesto afán de Economía de encontrar un rubro en el que poder bajar el gasto en medio del ajuste fiscal en marcha.
Durante la última sesión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil celebrada el lunes 21 de noviembre se acordó un ajuste del 20% que, de acuerdo a lo anudado anteriormente, prevé un alza del salario mínimo para marzo de 2023 del orden 105%.
Fue en ese marco que surgió la versión del posible desenganche del ingreso de los inscriptos del Potenciar Trabajo de la evolución del salario mínimo (hoy los beneficiarios cobran un ingreso equivalente a la mitad de este último).
En principio, se atribuyó a un supuesto pedido de los jefes sindicales y los delegados empresarios al Gobierno para quitar esa variable que beneficia a la economía popular. Incluso se argumentó que como el sector cuenta con el recientemente creado Consejo de la Economía Popular, se podría incluir esa discusión en dicho ámbito paritario.
En este sentido, Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP y referente del Frente Darío Santillán, dijo que "los trabajadores de la economía popular nucleados en la UTEP estamos en alerta y movilización. Exigimos se respete el acuerdo histórico de nuestra paritaria social" en relación a cómo se calcula el ingreso de los planes al tiempo que consideró que "pareciera que en tiempos de crisis el ajuste es siempre con los de abajo".
Lo cierto es que en los últimos días hubo comunicaciones entre jefes sindicales y referentes sociales en los que los primeros descartaron haber pedido tal enmienda al Ejecutivo. Un referente cegetista consultado por este medio atribuyó la versión "a un globo de ensayo que habrá tirado (Sergio) Massa, que busca recortar el gasto y habrá pensado en esta alternativa".
Es que en vísperas de un año electoral, Economía busca por un lado cumplir con las metas fiscales y de emisión acordadas con el FMI pero también dejar un margen para que el oficialismo "pueda hacer política" y no restrinja en demasía la obra pública, que suele ser una "vidriera" de cada gobierno en cada campaña electoral.