En el marco de la Comisión Plenaria de la 113° Conferencia Internacional del Trabajo, el presidente de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA), Walter Merkis, advirtió sobre el avance de “políticas regresivas que afectan al personal técnico y administrativo”, en las universidades públicas en la región, entre ellas la de nuestro país. La organización, que agrupa sindicatos nodocentes de más de 19 países, reafirmó su “compromiso con el trabajo decente, la educación pública y la libertad sindical.”
Merkis, titular de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), aseguró que el actual escenario global está marcado por “una crisis persistente que golpea especialmente a los sectores populares”, agravada por decisiones gubernamentales que —en sus palabras— “pretenden retroceder décadas en materia de derechos laborales y justicia social”. Mencionó casos concretos en México, Panamá y la Argentina, donde se observan retrocesos preocupantes.
En el caso de la Argentina, denunció un ataque directo a las universidades públicas por parte del gobierno nacional, con ajustes presupuestarios, paritarias negadas y salarios degradados por la inflación. Merkis destacó el proyecto de ley de financiamiento universitario impulsado por el frente universitario como respuesta a esta política de desfinanciamiento: “Frente a la adversidad, el movimiento social y sindical argentino responde con organización, propuestas concretas y defensa del derecho social a la educación superior”.
Otros casos
En México, denunció el líder de CONTUA que los topes salariales impuestos en el ámbito universitario han generado que “miles de trabajadores perciban ingresos por debajo del salario mínimo legal”, en violación de derechos fundamentales como la negociación colectiva. En Panamá, Merkis alertó sobre “una ofensiva violenta y sin precedentes contra el movimiento sindical”, que incluye encarcelamientos, intervenciones gremiales y el bloqueo de fondos sindicales. “El presidente Mulino ha estigmatizado públicamente a los sindicatos, declarando —textualmente— que ‘hay que acabar con esa mafia sindical’”, recordó.
Durante su discurso, el dirigente reafirmó que la educación superior pública, gratuita y de calidad es un derecho humano y un bien público, y sostuvo que los salarios del personal universitario deben considerarse una inversión estratégica para el desarrollo sostenible. Además, reclamó la inclusión expresa del sector nodocente en la revisión de la Recomendación de 1997 que lleva adelante la OIT junto con la UNESCO: “Sin ellos no hay universidad que funcione, ni posibilidad de garantizar educación superior de calidad”.
Debate
Finalmente, Merkis celebró que la OIT retome el debate sobre el pleno empleo y el trabajo decente, y cerró con un mensaje que resume la posición histórica de CONTUA: “El trabajo no es una mercancía”. Asimismo, reafirmó así el compromiso de la organización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 8 de la Agenda 2030 y con los valores fundacionales de la OIT.
En la cumbre de la OIT de este año, se presentó la 12° edición de su Índice Global de los Derechos 2025, un estudio anual exhaustivo que analiza las violaciones de los derechos de los trabajadores a escala mundial. En este contexto, Argentina se destaca como uno de los ejemplos más alarmantes del retroceso en las libertades civiles y los derechos sindicales bajo el gobierno de Javier Milei, según la Confederación Sindical Internacional (CSI).