La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia respaldó este jueves la actuación de su presidente y diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, ante la intervención de ese organismo parlamentario en la causa que involucró a dos sindicalistas de Camioneros, luego de que los abogados del sindicato denunciaran un supuesto espionaje.
El apoyo a Moreau fue plasmado en un comunicado promovido por los miembros del oficialismo en esa comisión -sin la firma de Juntos por el Cambio, que rechazaron la intervención- durante una reunión de la comisión bicameral en la que se analizaron la actuación de Moreau y aspectos de la presentación del legislador en el juzgado de San Nicolás ante la denuncia de los abogados del gremio.
"Por mayoría decidimos ratificar plenamente la validez y legalidad de los actos llevados a cabo por Moreau y la comisión en estos dos años de gestión", sostuvo a Télam el diputado Rodolfo Tailhade.
El comunicado de la comisión señala que se "ratificó la legalidad y validez de todos los actos llevados adelante por su presidente en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas por la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional y el reglamento de funcionamiento interno de la comisión".
"En particular, se convalidó lo actuado en relación con el caso de San Nicolás, donde recientemente el juez a cargo de la causa coincidió con el criterio de la comisión parlamentaria respecto de la necesidad de investigar la posible comisión de ilícitos en la sustanciación del legajo fiscal de trámite en el expediente judicial", continúa el texto.
Participaron de la reunión los diputados oficialistas Eduardo Valdés, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, mientras que por la oposición asistieron el titular del bloque del Pro, Cristian Ritondo y Gerardo Milman, entre otros.
El juez Román Parodi ordenó en los últimos días la apertura de una nueva causa penal a fin de investigar si se cometieron delitos en la sustanciación de un legajo reservado en el que se encontró la transcripción de escuchas telefónicas indebidas entre el abogado Mauricio Gugger y sus defendidos, en la causa en la que dos dirigentes de camioneros están acusados por supuesta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro.
Al respecto, Moreau dijo que "esta resolución del juez confirma la existencia de graves irregularidades que a nosotros no nos importan desde el punto de vista del expediente judicial, pero sí en la preservación de los derechos que tienen los abogados a hablar con sus defendidos y respecto a la posible participación de agentes o exagentes de inteligencia".
Tailhade señaló que el planteo que hicieron desde el macrismo Ritondo y Milman "en sintonía con operaciones mediáticas, fueron rechazadas por la comisión por improcedentes". "Acá no hubo ninguna cuestión irregular ni ningún exceso en las facultades que el reglamento le atribuyen al presidente", dijo Tailhade.
Además, señaló que fue un "plenario tenso porque Milman, como Ritondo, profundizaron estas críticas y desde nuestro bloque las rechazamos enfáticamente e hicimos un repaso de lo que dice el reglamento pero, fundamentalmente, de la denuncia de Camioneros que no sólo es en San Nicolás sino que está planteando que con esta es la tercera causa donde se verifica el mismo patrón de presencia de servicios de inteligencia".