Un grupo de legisladores nacionales y representantes de universidades públicas rechazó este martes el proyecto del gobierno para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar que implica “un retroceso y una reducción de los recursos” destinados al sistema. En ese contexto, la Federación Argentina del Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) se mostró contraria a la propuesta del oficialismo, que parece buscar evitar cumplir con la actual ley. “Tenemos que seguir trabajando fuertemente para llevar adelante lo que está necesitando nuestro”, marcaron los nodocentes. Además, otros gremios y diputados y rectores adelantaron que buscarán evitar que La Libertad Avanza vote este nuevo proyecto.
La delegación de FATUN estuvo encabezada por su titular Walter Merkis, junto al secretario de Organización Mauricio D’Alessandro; de Acción Gremial Rubén Nuñez,; de Prensa, Fernando Cortés y de Juventud Mercedes Maffeo, quienes fueron invitados por las diputadas Blanca Ozuna y Lucía Campora para ser parte de la reunión en la cámara de Diputados, ante el ingreso del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 27.795, que según la entidad “atenta contra lo ya aprobado por ambas cámaras legislativas de nuestro país, durante el año 2025, cuyo veto presidencial fue revertido por el Congreso y que actualmente se encuentra en instancia judicial para garantizar su aplicación”.
Los participantes expresaron su rechazo a la nueva iniciativa al considerar que “constituye un retroceso y recorta los recursos destinados al sistema universitario”. En ese marco, Merkis ratificó la exigencia del “estricto cumplimiento de la ley y expresó el total rechazó y la firme oposición al proyecto que pretende modificarla”. Esta tarde, el Frente Sindical de Universidades Nacionales se reúne en la sede de FATUN para analizar la situación actual, y resolver en consecuencia.
Pedido de unidad
El líder de FATUN señaló que, de no garantizarse su aplicación tal como fue sancionada por el Congreso, la entidad “actuará en consecuencia para hacerla efectiva”. Además, llamó a “mantener la unidad del sector para garantizar el rol social de la universidad pública”. “Tenemos que seguir trabajando fuertemente para llevar adelante lo que está necesitando nuestro país y nuestra sociedad, que es sostener esa vía del ascenso social que nuestros jóvenes pueden ver y transitar a través de su paso por la universidad”, señaló.
El proyecto, no solo es lesiva para las universidades, sino que lesiona el sistema democrático al buscar modificar la Ley 27.795, que fue producto del consenso entre todos los sectores, aprobada por ambas cámaras, y que además, contó con multitudinarias marchas que mostraron el apoyo de la sociedad argentina respecto al sistema universitario argentino.
Posturas
En tanto, durante el encuentro participaron el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a Lucía Cámpora, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Itai Hagman, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Romina del Plá y Myriam Bregman, entre otros. Los legisladores cuestionaron la iniciativa del Ejecutivo que busca introducir cambios en la ley ya aprobada por el Congreso y cuyo veto presidencial fue revertido con los dos tercios de los votos. Además, según señalaron, la norma vigente debe cumplirse y no ser reemplazada por un nuevo esquema que, aseguran, reduce el alcance de la recomposición presupuestaria y salarial.
En representación del Consejo Interuniversitario Nacional, la rectora de la UNA, Sandra Torlucci, leyó un comunicado en el que el organismo sostuvo que “existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo”. También tomaron la palabra el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro; el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo; y la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone. Soro calificó la situación como “muy grave” y afirmó que el proyecto oficial “persigue un solo objetivo que es la destrucción total de la universidad pública”.