La FEDUN y la FATUN renovaron sus críticas al Gobierno de Javier Milei al cumplirse un año de la sanción de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Ambas federaciones denunciaron que el Poder Ejecutivo continúa sin implementar la norma, pese a que el Congreso rechazó el veto presidencial y la Justicia ordenó avanzar con su cumplimiento.
Las organizaciones sindicales, que nuclean a los gremios de base de todas las universidades nacionales del país, coincidieron en reclamar la aplicación efectiva de la Ley 27.795, la recuperación de los salarios y el financiamiento necesario para sostener el sistema público de educación superior.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) resumieron el aniversario con una consigna contundente: “UN AÑO FUERA DE LA LEY”. Además, ratificaron que continuarán con las medidas de organización y protesta hasta que el Gobierno cumpla con la legislación vigente.
“Pasó un año. No bajamos los brazos”, expresaron desde la entidad gremial que lidera Daniel Ricci, que también integra el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. En ese marco, insistieron en que el reclamo apunta al financiamiento universitario, la recomposición salarial y el respeto por una ley aprobada por el Congreso.
La federación docente también advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo de sus representados y aseguró que, para recuperar el nivel salarial de noviembre de 2023, los trabajadores y las trabajadoras de la actividad necesitan un incremento del 32%.
La FATUN también exigió que se cumpla la ley
Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa a los trabajadores NODOCENTES a través de sus organizaciones de base, sostuvo que la Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso, el veto presidencial fue rechazado, la norma se publicó en el Boletín Oficial y la Justicia intervino para exigir su aplicación.
Sin embargo, la entidad gremial remarcó que, pese a ese recorrido institucional, el Gobierno nacional todavía no tradujo esas decisiones en el cumplimiento efectivo de la legislación.
Desde la federación NODOCENTE recordaron que durante el último año hubo paros, movilizaciones, jornadas de protesta, fallos judiciales e intimaciones al Poder Ejecutivo, sin que se resolviera el conflicto de fondo.
“Desde la FATUN no vamos a aceptar que una ley fundamental para las Universidades Públicas y para sus trabajadoras y trabajadores quede solo en papeles”, advirtieron.
La organización sindical que conduce Walter Merkis convocó, además, a repasar el recorrido de la norma desde su publicación y reafirmó que no abandonará la pelea. “QUE LA LEY SE CUMPLA!!!”, reclamó, antes de ratificar: “No vamos a retroceder. Seguimos en lucha”.
Del rechazo al veto a una nueva disputa judicial
La Ley 27.795 fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de agosto de 2025 y obtuvo la sanción del Senado el 21 de agosto. El 10 de septiembre, Milei vetó la totalidad de la norma mediante el Decreto 647/2025.
El Congreso, sin embargo, insistió con la sanción original. Diputados rechazó el veto el 17 de septiembre, con 174 votos afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones. El 2 de octubre, el Senado hizo lo propio con 58 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.
El 20 de octubre de 2025, el Ejecutivo promulgó la ley, pero mediante el Decreto 759/2025 condicionó su ejecución a la incorporación de las fuentes de financiamiento correspondientes en el Presupuesto Nacional. De ese modo, la promulgación no se tradujo en la implementación efectiva que reclamaba la comunidad universitaria.
La controversia llegó a los tribunales. El 23 de diciembre de 2025, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, dictó una medida cautelar que ordenó al Gobierno cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización de los salarios docentes y nodocentes y a la recomposición de las partidas destinadas a becas estudiantiles.
En marzo de 2026, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida. Luego, el Gobierno recurrió a la Corte Suprema, que el 25 de junio dejó firme la cautelar al rechazar el recurso estatal por falta de sentencia definitiva. La decisión mantuvo vigente la obligación de cumplir con esos artículos mientras continuaba el proceso judicial, sin resolver el fondo de toda la controversia.
El conflicto sumó otro capítulo el 6 de octubre, cuando Cormick declaró la inconstitucionalidad del punto del Decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la norma y ordenó su aplicación completa, según la información aportada sobre el fallo.
Los salarios, en el centro del conflicto
El aniversario de la ley encuentra a las federaciones universitarias insistiendo en que el deterioro salarial y la falta de recursos comprometen tanto las condiciones laborales como el funcionamiento de las casas de altos estudios.
La disputa no es nueva. En octubre de 2024, Milei ya había vetado otra ley de financiamiento universitario, mediante el Decreto 879/2024, con el argumento de que comprometía el equilibrio fiscal. Aquella decisión provocó una fuerte reacción de la comunidad educativa y movilizaciones masivas en defensa de la universidad pública.
Un año después, la aprobación de una nueva norma tampoco consiguió cerrar el conflicto. La insistencia parlamentaria, las medidas judiciales y los reclamos de las entidades sindicales no alcanzaron para garantizar una salida efectiva.
Ahora, la FEDUN y la FATUN vuelven a colocar el incumplimiento de la ley en el centro de la agenda universitaria. Con sus reclamos por separado, pero en defensa de los derechos de docentes y nodocentes, ambas federaciones advierten que la disputa sigue abierta y que continuarán organizándose para exigir la recomposición salarial y el financiamiento de las universidades nacionales.