La semana pasada, el gobierno nacional publicó un decreto donde avanza con un nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales para trasladar su control a manos privadas. Mediante el decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, el Poder Ejecutivo oficializó la incorporación de una extensa nómina de rutas de todo el país al proyecto de la Red Federal de Concesiones bajo el régimen de la Ley 17.520. La decisión fue criticada por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), en medio de sus denuncias por el “marcado deterioro” de la red vial de todo el país. “Más peajes, menos Vialidad”, resumió la entidad de los trabajadores viales.
El decreto suma 27 rutas nacionales de 16 provincias a la llamada Red Federal de Concesiones. Para FEPEVINA, “lo que vende como federalismo es la entrega de las rutas que quedaban en manos del Estado, y llega mientras se vacía al organismo que debería controlarlas”. Además, el gremio denuncia que el DNU “le entrega al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, un verdadero cheque en blanco: decide qué tramos se concesionan, aprueba los pliegos, arma las comisiones evaluadoras, adjudica y firma los contratos. Tiene 12 meses para llamar a licitación”.
La concesión alcanza “la construcción, la explotación, el mantenimiento y también nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos Adicionales”. “El negocio no termina en la cabina de peaje”, recalcaron desde FEPEVINA. La contracara de este avance es otro avance sobre las funciones sobre la Dirección de Vialidad Nacional, que por decreto 505/58 tiene a su cargo el estudio, la construcción y la conservación de la red troncal. A partir de ahora, alerta el gremio, la entidad queda sólo con dos tareas: “un ‘informe técnico’ previo y el control de contratos que diseñan y adjudican otros”. Por esto, los trabajadores se declararon “en estado de alerta y movilización” y piden que el Congreso elabore un informe al respecto.
Detalles de la medida
La medida instruye a la Secretaría de Transporte a realizar los estudios correspondientes y convocar, en un plazo máximo de 12 meses, a licitaciones públicas nacionales e internacionales para transferir al sector privado la construcción, mantenimiento, reparación y explotación por peaje de los tramos incluidos en el Anexo oficial. La nómina abarca 27 corredores viales distribuidos en las distintas jurisdicciones. El decreto 1358/26 dispone que las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228, 237 y la Autopista A 017 serán concesionadas por peaje.
Una de las críticas que vienen haciendo al aumento de las concesiones la FEPEVINA es que se incluyen rutas de tránsito medio o bajo, de entre 2 mil y 3 mil vehículos por día. Aun así, el gobierno “promete concesiones autosustentables, sin canon ni subsidio”. “En rutas con tan poco tránsito, esa cuenta solo cierra de dos maneras: con peajes caros o con poca obra. La presentación trae las dos”, recalcó el gremio.
Vaciamiento
Para FEPEVINA, este decreto “no es una medida aislada”. “Primero intentaron disolver Vialidad por decreto (decreto 461/25), y el Congreso lo rechazó. Después concesionaron más de 9 mil kilómetros en la RFC I, la red que concentra el 80 por ciento del tránsito. Luego delegaron rutas a las provincias con el decreto 253/26”, enumeró la entidad. Ahora llega la RFC II. Sumando todo, se adelantó, “son cerca de 14.500 kilómetros de una red de unos 40 mil”. “A Vialidad le quedan las rutas que no le interesan a nadie: sin peaje, sin presupuesto y sin trabajadores”, insistió FEPEVINA.
Además, el gremio apuntó al desfinanciamiento que sufre la entidad vial. Según los datos, el proyecto de presupuesto 2027 le asigna a Vialidad Nacional 886.745 millones de pesos, “apenas el 42,1 por ciento de lo que le corresponde por ley a través del SISVIAL”. “Más de 1,2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, creado para financiar la red vial, no llegan a su destino”, aseguraron. Entre enero y septiembre de 2026 solo se ejecutó en obra el 23,7 por ciento de lo que correspondía al SISVIAL. Por último, se alertó sobre la baja del personal: “La planta pasó de unos 5.600 a menos de 4 mil agentes”. “Se fueron 609 compañeros en la primera ronda de retiros voluntarios, y en octubre se abrió una segunda (Res. 1220/26) con 139 trabajadores menos a los que se les prohíbe volver al Estado por cinco años”, concluyó FEPEVINA.