La crisis de Flybondi, emblema de las aerolíneas de bajo costo o “low cost” que se instalaron hace una década en el país, parece no tener fin, y se acerca aun inexorable punto de quiebre. Esta semana, se volvieron a suspender vuelos de forma masiva, y lleva al menos cinco días sin operar, lo que genera alarma en sus trabajadores, cuyo gremio –una de las primeras entidades de este tipo “por empresa” que rompe el modelo sindical tradicional –pidió a las autoridades aeronáutica que deje de autorizar vuelos de la firma. Además, continúa el reclamo de quienes acordaron retiros voluntarios o fueron indemnizados, que o están recibiendo los pagos comprometidos.
Según la información actualizada, la “low cost” lleva cinco días sin operar con normalidad y entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto canceló 66 vuelos. La empresa que fue presentada como emblema de la desregulación aerocomercial primero con el gobierno de Mauricio Macri y luego con la gestión de Javier Milei, no parece encontrar caminos para superar una crisis que ya se manifiesta como terminal. Los números reflejan la magnitud del derrumbe operativo de la empresa.
Según datos recopilados, durante 2026 Flybondi canceló más del 20 por ciento de los vuelos programados —2.081 cancelaciones sobre 10.204 vuelos—, mientras que Aerolíneas Argentinas registró apenas un 0,9 por ciento y JetSmart un 1,2 por ciento. Desde el 1° de abril de este año, su porcentaje de cancelaciones trepó al 36 por ciento, dando cuenta del agravamiento de una situación que ya era muy mala. Así, la compañía pasó de operar con un promedio de 19 aviones activos por día en enero a apenas tres en las últimas semanas, y su participación en el mercado de cabotaje cayó del 21,7 por ciento en 2024 al 17,1 por ciento en los primeros cinco meses de 2026.
Pedido a la ANAC
La situación fue tan grave que a fines de julio la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil restringió la comercialización de pasajes de la empresa en ese país, tras detectar que había cancelado el 79 por ciento de los vuelos programados allí entre el 1° y el 27 de julio. Ante esto, los propios ex trabajadores cuestionan también el silencio del sindicato Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) frente a la situación, y reclaman que la ANAC argentina explique por qué sigue aprobando los planes operativos de la compañía sin adoptar medidas como las que ya tomó su par brasileña.
Pero el costo más severo de esta crisis lo están pagando los trabajadores. Más de 700 ex empleados de Flybondi, cuyo principal accionista es el empresario Leonardo Scatturice (muy cercano al gobierno de Milei), llevan más de tres meses sin cobrar las indemnizaciones por despidos sin causa ni los montos comprometidos en los retiros voluntarios. Muchos de esos acuerdos fueron homologados ante el SECLO o firmados ante escribano público, pero la empresa los sigue incumpliendo, y cientos de expedientes judiciales ya están en trámite para intentar hacerlos efectivos.
El cuadro no se limita a quienes fueron desvinculados, ya que también hay trabajadores en actividad que no cobraron los salarios de junio y julio ni el aguinaldo, y que desde el 6 de agosto quedaron sin cobertura de medicina prepaga y obra social por la falta de cumplimiento de los aportes.
Falta de pagos
Mientras cerca de 700 ex trabajadores de la empresa denuncian que no cobraron indemnizaciones y retiros voluntarios, fuentes del sector anticipan que esta semana se definiría su convocatoria de acreedores. El testimonio de Agustina, ex trabajadora de la escala de Neuquén, ilustra el patrón que se repite en distintas provincias. Ella tomó un retiro voluntario en marzo, con pago pactado en tres cuotas, y todavía espera cobrar la última. “Ya a esta altura no nos dan respuesta desde ningún sector”, señaló, y describió una escala provincial que quedó prácticamente sin vuelos —apenas uno o dos cada dos semanas— pese a que las oficinas siguen operativas. Según el comunicado difundido por trabajadores y ex trabajadores de todo el país, la cifra de afectados sigue creciendo, porque la empresa continúa desvinculando personal en distintas bases.
El conflicto excede además el plano estrictamente laboral, ya que también hay miles de pasajeros con reembolsos pendientes por vuelos cancelados en los últimos ocho meses, proveedores que acumulan meses sin cobrar —incluso con planes de pago ya acordados— y deudas con el Estado nacional y las provincias por tasas e impuestos, lo que completa un cuadro de incumplimientos generalizados. Distintas provincias, entre ellas Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, ya le aplicaron multas a Flybondi por unos 630 millones de pesos.