En una nueva videocolumna para Data Gremial, el abogado laboralista Daniel Ghiraldo repasó esta sucesión de medidas cautelares y puso el foco en un aspecto que considera central: los tribunales están tomando en cuenta el posible daño irreparable que podría provocar la aplicación de determinadas normas antes de que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si la reforma es compatible o no con la Constitución.
"Ya son más los juzgados a lo largo y ancho de nuestro país que están dando lugar a cautelares pedidas por diversas entidades sindicales y gremiales para que suspendan diversos artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral", señaló Ghiraldo.
Según explicó, las decisiones judiciales tienen como fundamento el riesgo de que la aplicación de esas disposiciones genere consecuencias difíciles de revertir.
"Esto es porque están teniendo en cuenta que si se aplican estos artículos podrían generar un daño irreparable en los derechos y en el patrimonio de la clase trabajadora y sus sindicatos", sostuvo.
Una sucesión de fallos que vuelve a poner la reforma bajo la lupa
Durante su análisis, Ghiraldo repasó algunos de los antecedentes judiciales que se fueron acumulando desde la puesta en marcha de la reforma.
Entre ellos, mencionó las sentencias que plantearon la inconstitucionalidad de determinados artículos, como el artículo 55. También recordó la medida cautelar dictada por el juez Ojeda, que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la normativa y que posteriormente fue frenada a partir de un recurso presentado por el Gobierno.
Ahora, el escenario suma un nuevo capítulo con la suspensión de la implementación de los artículos 131 y 133, a partir de una presentación realizada por el Sindicato de Comercio.
Para Ghiraldo, la importancia de esta sucesión de decisiones no reside solamente en el efecto inmediato de cada cautelar, sino en el proceso que comienza a configurarse a partir de la acumulación de resoluciones judiciales.
Los artículos que frenó la Justicia
Los artículos 131 y 133, según explicó el abogado laboralista, afectan aspectos centrales de la negociación colectiva y del funcionamiento de las organizaciones sindicales.
"Son los artículos que frenan la ultraactividad en los convenios colectivos y ponen un tope, un límite a los aportes solidarios que pueden establecer los sindicatos para beneficio de todos los trabajadores", detalló.
La discusión sobre la ultraactividad resulta clave porque se vincula con la continuidad de las condiciones establecidas en los convenios colectivos hasta que sean reemplazadas por nuevos acuerdos.
Los límites a los aportes solidarios, en tanto, impactan sobre una herramienta de financiamiento de las organizaciones sindicales y, por lo tanto, sobre su capacidad para sostener su actividad y brindar servicios a los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos.
La suspensión de estos artículos suma así un nuevo frente judicial para una reforma que ya había sido cuestionada en diferentes tribunales del país.
“Ya se están generando antecedentes”
Para Ghiraldo, el elemento común que atraviesa las distintas decisiones judiciales es la consideración del daño que podría provocar la implementación de las normas antes de que se resuelva su constitucionalidad.
"Ya se están generando antecedentes que están teniendo en cuenta el daño y el peligro de la implementación de estos artículos hasta que no se discuta la cuestión de fondo, que es si es constitucional o no esta Ley de Modernización Laboral", sostuvo.
A partir de ese escenario, el abogado plantea que los nuevos fallos pueden convertirse en señales relevantes de cara a la discusión definitiva.
"Ya estamos teniendo indicios de que si genera un daño irreparable a los trabajadores la implementación de estos artículos, muy probablemente es que tampoco sean constitucionales", concluyó Ghiraldo.
Una reforma cada vez más condicionada por el clima político
Desde Data Gremial, el escenario merece una lectura que excede el efecto técnico de cada una de las medidas cautelares. Es posible que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la sucesión de decisiones de distintos juzgados no constituya por sí misma un precedente vinculante para una futura resolución de la Corte Suprema.
Pero el impacto de esta acumulación puede ser otro.
La sucesión de cautelares, suspensiones y cuestionamientos judiciales contribuye a construir un clima político e institucional alrededor de una reforma que ya enfrenta un fuerte rechazo sindical y que se implementa en un contexto de creciente malestar social por las consecuencias de las políticas económicas recesivas del Gobierno de Javier Milei.
En ese marco, cada nueva resolución judicial suma presión sobre una reforma que todavía no logró consolidarse plenamente y que continúa siendo objeto de disputa en distintos tribunales.
El dato político no es menor. La Corte Suprema suele resolver los conflictos de alto impacto institucional teniendo en cuenta el contexto en el que se producen sus decisiones. Sin afirmar que los fallos cautelares que se acumulan en los tribunales inferiores determinen técnicamente una futura decisión del máximo tribunal, sí puede observarse que el escenario alrededor de la Ley de Modernización Laboral se vuelve progresivamente más complejo.
La reforma ya no enfrenta solamente una disputa entre el Gobierno y los sindicatos. A medida que se multiplican las decisiones judiciales y se extiende el cuestionamiento sobre sus efectos, comienza a configurarse un clima institucional que podría pesar en la discusión de fondo.
Por eso, la pregunta que queda abierta no es solamente si cada uno de los artículos suspendidos podrá finalmente aplicarse. El interrogante mayor es qué escenario encontrará la reforma cuando llegue el momento de una definición definitiva sobre su constitucionalidad.
Mientras tanto, como advierte Ghiraldo, la sucesión de cautelares empieza a mostrar que la batalla judicial por la reforma laboral está lejos de haber terminado. Y aunque todavía no exista una decisión final sobre la validez de la Ley de Modernización Laboral, el clima alrededor de la norma se vuelve cada vez más complejo para el Gobierno.