En el marco del ajuste de la administración pública nacional, que se profundiza en dependencias claves del Estado nacional, los gremios que representan a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) denunciaron el intento de venta de grandes extensiones de terrenos de la entidad, en el marco de un “gran negocio inmobiliario”. La dirigencia de ATE y la Asociación de Personal del INTA (APINTA) denunciaron que el gobierno nacional intenta “malvender” 52 mil hectáreas del organismo científico. Tras las declaraciones del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, quien confirmó la intención del Gobierno de rematar unas 52 mil hectáreas de las 112 mil que posee el organismo científico, la dirigencia sindical alertó sobre el “negocio inmobiliario” detrás del plan de desguace del gobierno nacional.
El INTA cuenta con unas 112 mil hectáreas a lo largo del país. Desde los gremios APINTA y ATE advierten que la Casa Rosada busca realizar un negocio inmobiliario, “malvendiendo un patrimonio que es de todos”. Así lo señaló Paulo García, titular de APINTA. “¿Por qué venderlas si al INTA entra más plata de la que se gasta para su funcionamiento? ¿Por qué hay que rematar las tierras que son un valor, un activo que no genera costos de mantenimiento? Esto es porque las quieren sacar a remate un precio vil, hacer un negocio inmobiliario”, advirtió.
Por su parte, desde ATE apuntaron que “Es un desguace. La pretensión de venta de 50 mil hectáreas del INTA forma parte de un plan de adquisición del Estado”. La dirigente sindical Julieta Boedo advirtió que la reducción del organismo también incluye recortes de personal, cierre de programas de investigación y una reestructuración que, según afirmó, pone en riesgo el desarrollo tecnológico y la producción agropecuaria.
Política oficial
Boedo aseguró que la medida responde a “una política de reducción del Estado que, según afirmó, afecta el funcionamiento de uno de los principales organismos de investigación y desarrollo tecnológico del país”. En una entrevista, la dirigente señaló que “el proceso no se limita a la venta de tierras, sino que incluye una disminución de personal, el cierre de líneas de investigación y la pérdida de infraestructura estratégica. Es parte de toda una planificación que tiene que ver con el achique del Estado y dejar un Estado que funcione al mínimo, o por lo menos para los intereses de pocos”.
Boedo aseguró que la decisión de desprenderse de inmuebles y terrenos del organismo no es una medida aislada. Según explicó, el proceso comenzó en 2024 con la subasta de un edificio del INTA en la Ciudad de Buenos Aires y ahora continúa con la identificación de tierras consideradas “nnecesarias” por el Gobierno. “Hay una planificación de la entrega de tierras, patrimonio del INTA, que poco a poco se va cumpliendo. Tiene que ver con tierras, con personal y con cerrar programas de investigación”, sostuvo. Además, cuestionó el criterio utilizado para definir qué inmuebles son prescindibles: “Hay que ver necesarios para qué y para quién”.
Durante la entrevista, la representante gremial advirtió que la reducción del organismo tendrá consecuencias sobre el desarrollo científico y tecnológico vinculado al sector agropecuario. “No es solo un trabajador que pierde un trabajo, es un trabajador con el que el ciudadano pierde un derecho”, afirmó. En ese sentido, explicó que muchas investigaciones requieren años de trabajo continuo y podrían quedar inconclusas si se reducen los equipos técnicos o se cierran programas. También se mencionaron tareas vinculadas al monitoreo ambiental y la asistencia técnica en distintas regiones del país, como las mediciones en cuencas hídricas o el acompañamiento a pequeños productores. Según indicó, esos trabajos son fundamentales para prevenir problemas productivos y ambientales.
Investigación
Otro de los ejes abordados fue el impacto sobre la investigación científica. Boedo demostró que el desfinanciamiento del INTA y de otros organismos tecnológicos, como el INTI, favorece la pérdida de recursos humanos altamente capacitados. “El Estado invierte durante años en formar profesionales y después termina empujándolos a irse del país. Hay investigaciones que quedan a medio camino porque ya no están quienes las desarrollaban”, señaló. También recordó que el INTA impulsó desarrollos tecnológicos de alcance internacional, como la siembra directa, y advirtió que la reducción de capacidades propias puede generar una mayor dependencia tecnológica en el futuro.
Esta semana, Bronzovich, blanqueó en un panel de la Exposición Rural de Palermo que desde el Gobierno seguirán relevando “qué tierras se usan para investigación” y agregó que, cuando no sea así, “no vamos a tener problemas en desafectarlas”. Las declaraciones de Bronzovich precisaron el plan oficial: “Ya se desafectaron 15 mil hectáreas de las que teníamos asignadas”, dijo, y agregó que “solo unas 50 mil hectáreas tienen un real uso científico o tecnológico”.
“Las que tienen uso productivo hoy han sido un aporte al financiamiento del instituto, pero nosotros creemos poco en eso; creemos que los productores producen y los investigadores investigan”, diferenció. “Por eso, vamos a seguir relevando y mirando con qué necesidad estamos usando la tierra, si está necesariamente afectada a un proceso científico o tecnológico lo vamos a sostener. En el caso que no sea así, no vamos a tener problema en desafectarla del INTA”.