El decreto 690/2026, publicado en el Boletín Oficial en los últimos días, introdujo cambios en el régimen de practicaje y pilotaje, vinculado a las maniobras que hacen los buques en zonas portuarias. Estas tareas las realiza el personal habilitado para asesorar al capitán, y el DNU del gobierno busca desregular su actividad. La medida es rechazada por los gremios del sector, que alertan por el impacto de la medida. El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, por ejemplo, difundió un comunicado en el que manifestó su “solidaridad y acompañamiento” con los prácticos y baqueanos, al tiempo que llamó a preservar las incumbencias profesionales y el cumplimiento de la normativa vigente.
Como medida preventiva, la entidad que comanda el capitán Mariano Moreno recomendó a sus afiliados que, ante cualquier requerimiento para desempeñar tareas vinculadas al servicio de practicaje, se comuniquen “de manera inmediata con las autoridades o delegados del gremio antes de aceptar la prestación del servicio”, que si bien, las decisiones de prescindibilidad del servicio no es una decisión operativa del capitán; “podría tener implicancias futuras”.
Asimismo, recordó que el ejercicio de funciones sin la habilitación correspondiente o por fuera del marco legal podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. En ese sentido, señaló que determinadas conductas podrían quedar alcanzadas por las previsiones del artículo 190 del Código Penal, dependiendo de las circunstancias de cada caso. La comisión directiva aseguró que “continuará brindando asesoramiento y asistencia jurídica para resguardar los derechos e intereses de sus afiliados frente al nuevo escenario regulatorio”.
Desmentida
En la misma línea se pronunció el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que expresó su solidaridad con los prácticos y sostuvo que “la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana, el cuidado del ambiente y la defensa del trabajo argentino deben prevalecer sobre cualquier otro objetivo”. El sindicato afirmó que, si la intención del Gobierno es “fomentar una mayor competencia, el Estado debería garantizar reglas claras y ampliar las oportunidades de acceso a la actividad sin resignar los estándares de capacitación y seguridad exigidos para una tarea considerada estratégica”.
Como cierre de su posicionamiento, el SOMU vinculó el debate con la defensa de la Marina Mercante y de la soberanía nacional. “Defender el practicaje es defender nuestros ríos, nuestro comercio, el trabajo argentino y la soberanía nacional”, afirmó la organización, al sostener que la seguridad de la navegación constituye un componente esencial para la protección de la vida humana, el ambiente y el funcionamiento del sistema marítimo y fluvial.
Paro de actividades
En tanto, los puertos de todo el país siguen paralizados por una medida de fuerza tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 promovido por el gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje. La protesta, llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos, comenzó el sábado 1° de agosto y abarca desde los puertos del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. Impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80 por ciento de las exportaciones e importaciones de la Argentina, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
Al respecto, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante tildó la reforma de "abusiva e inconstitucional". La entidad adelantó que recurrirá a la Justicia Federal mediante una Acción de Amparo y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, al señalar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos. Ante el desabastecimiento operativo y las complicaciones logísticas, la Prefectura Naval Argentina reaccionó enviando cédulas de "intimación perentoria" a los profesionales para que reanuden la prestación del servicio bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje.
A pesar de la advertencia oficial, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. No obstante, fijaron excepciones estratégicas: continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.