Como ya hicieron otras organizaciones como la CGT o ATE, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) le envió una carta documento al Ministerio de Seguridad, donde se rechaza “la intimación realizada a la organización para que pague supuestos costos operativos” de las marchas realizadas en diciembre del año pasado, en especial la del 27 de diciembre a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. “Lejos de contribuir a la necesaria construcción de diálogo que amerita la actual coyuntura, se ocupan en criminalizar la protesta social”, aseguró el titular de la entidad, Juan Carlos Schmid.
Los sindicalistas convocados por Schmid mantuvieron en la tarde del lunes un encuentro en el que ratificaron el paro y movilización para el 24 de enero frente al Congreso nacional en el marco del debate y tratamiento legislativo del DNU y de la Ley Ómnibus que comenzaron a debatirse en comisiones la semana pasada.
Como conclusión del encuentro, presentaron la carta en la que la FeMPINRA sostuvo de manera taxativa sobre la demanda del ministerio: “desde ya, desconozco, impugno y niego en tanto no solo conlleva la asunción de facultades e incumbencias ajenas al poder ejecutivo como ser la declaración de legalidad o ilegalidad de una medida o de una acción, sino que además se funda en normas manifiestamente inconstitucionales como ser el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación y las resoluciones MS Número 943/23 y 949/23”.
Ninguna deuda
También, en el texto la federación, que agrupa a más de 20 sindicatos portuarios, marítimos y fluviales, aseguró que “el 27 de diciembre pasado deviene plenamente legitima en cuanto encuentra sustento en normas de carácter nacional e internacional desarrollándose sin incidente alguno que amerite la intervención de las fuerzas de seguridad”. De esta forma, negó “que mi instituyente le adeude importe alguno de dinero y menos aún la friolera suma de 40.419.227,56 pesos”.
Desde FeMPINRA, agregaron que la medida fue presentada “soslayando pautas constitucionales básicas como ser el apuntado derecho de defensa y carece de todo sustento fáctico y/o jurídico desde que se ha abierto y resuelto con la previa y manifiesta intención de desconocer la institucionalidad y la legalidad de la función sindical, criminalizar la protesta y violentar elementales derechos de raigambre constitucional como ser el derecho de huelga, el de reunión, el de peticionar a las autoridades y los términos de la libertad sindical y la negociación colectiva conforme Convenios 87 y 98 OIT incorporados a nuestra Carta Magna en virtud de lo dispuesto por su art 75 inciso 22”.
Medida inconstitucional
Así, aseveraron que la deuda reclamada “resulta inconstitucional, persecutoria, ilegal e infundada, pues el informe sobre el cual se sustenta no solo ha sido dictado en contraposición a las resoluciones cuyo cumplimiento ahora pretende, sino que incluso ha sido emitido quebrantando la principal garantía que debe reinar en todo estado de derecho, tal y como es el derecho de defensa”.
Para finalizar, desde la entidad conducida por Schmid hicieron un llamado “a la reflexión y reconsideración de lo actuado en tanto constituye manifiesto acto de injerencia impropio de la actividad ministerial que lejos está de contribuir al normal tránsito de la instancia de diálogo necesaria para la canalización de la crítica coyuntura” y comunicaron que “habremos de concurrir ante la Confederación General del Trabajo de la República Argentina a efectos que a mérito de lo acontecido y de lo actuado por ese Ministerio amplíe la denuncia oportunamente radicada por ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto del pretendido protocolo siendo que las resoluciones MS Número 943/23 y 949/23 en cuyo marco ilegitimo y falaz pretenden actuar”, sostuvo en sus tramos más salientes de la carta documento enviada al Gobierno Nacional.