La justicia volvió a poner en jaque al gobierno, al pronunciarse a favor de la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Un fallo de cámara ratificó la cautelar impuesta por rectores y gremios, y obliga a cumplir con todos sus principios. Ante esto, los gremios de docentes y nodocentes celebraron la medida judicial que confirma la vigencia de la cautelar, y obliga a la gestión libertaria a transferir fondos para salarios, presupuesto y becas a las universidades nacionales. Las entidades expresaron “el orgullo” por la lucha realizada en este tiempo para sostener la normativa.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación de Trabajadores de las Universidades (FATUN) se mostraron a favor del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, que decidió declarar la apelación presentada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) como “abstracta”. La medida implica que se retrotrae todo y el gobierno nacional deberá cumplir la Ley de Financiamiento Universitario sin preámbulos.
“La defensa de todos nuestros derechos como trabajadoras/es fue histórica, y las cientos de manifestaciones realizadas están cada vez más próximas a ser traducidas en una conquista histórica para las universidades nacionales de nuestro país”, señalaron desde el sector, mediante un comunicado conjunto firmado por la FATUN y la FEDUN. “Sigamos más que nunca en unidad, solidaridad y organización, que estamos muy cerca de conseguir aquello por lo que tanto luchamos”, pidieron.
Fallo clave
La Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III resolvió que la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar se volvió abstracta, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario del Estado Nacional.
Así, confirmó la vigencia de la cautelar que protege a las universidades públicas frente al Decreto 759/25. Con esta decisión, el expediente vuelve a primera instancia para que se ejecute plenamente la medida cautelar, removiendo cualquier obstáculo que el Estado hubiera intentado interponer para frenar su aplicación. La resolución de la cámara confirma que la cautelar sigue vigente, que su ejecución no puede ser suspendida, y que la defensa de la educación pública avanza con respaldo judicial firme.
Largo camino
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) en 2025 mediante el Decreto 759/25, pero condicionó su cumplimiento. Frente a esto, el CIN (y gremios docentes) presentó un amparo y pidió una medida cautelar urgente para garantizar la actualización de salarios (docentes y no docentes) y de las becas estudiantiles. El Juez de primera instancia concedió la cautelar ordenando pagar según lo establecido por la ley.
El Gobierno apeló primero ante la Cámara Federal y luego llegó hasta la Corte Suprema de Justicia; en ambas instancias el Poder Judicial respaldó el reclamo y rechazó las presentaciones del Poder Ejecutivo. Ahora, la cautelar quedó plenamente firme, por lo que el Poder Ejecutivo está jurídicamente obligado a disponer de las partidas presupuestarias correspondientes.