Como sucede en la provincia de Buenos Aires, en el Congreso nacional se intentará darle un marco regulatorio a los empleados de aplicaciones, que están en pleno auge. Impulsado por el diputado Hugo Moyano hijo, se presentó un proyecto de ley que establece un régimen laboral para trabajadores de plataformas. El texto lleva las firmas de Moyano y de sus pares Hugo Yasky, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva. La idea central es regular las relaciones jurídicas entre los administradores de plataformas digitales y los trabajadores que presten servicios a través de ellas. El mismo buscará su réplica en la Legislatura provincial.
“La idea es brindar un marco regulatorio adecuado a la relación que se constituye entre la empresa titular de la plataforma y las personas que se vinculan a ésta como prestadores de la fuerza de trabajo, en los términos y condiciones determinados por la plataforma, a fin de concretar el servicio al usuario, cliente o pasajero que lo demanda”, expuso Moyano. Otro de los puntos clave tiene que ver con la presunción de la existencia de contrato de trabajo al establecer la prestación de servicios.
Además, la iniciativa apunta al algoritmo que suele ser el rector de este tipo de trabajos, especialmente en los trabajadores de reparto, y señala que los trabajadores y los delegados del personal “tienen derecho a acceder y recibir información completa, gratuita, veraz, adecuada, detallada y oportuna sobre el funcionamiento de los sistemas automatizados de toma de decisiones y de gestión algorítmica que afectan o puedan afectar la prestación de servicios”. En otro artículo, expone que las plataformas deberán implementar un mecanismo “efectivo” que permita la interrupción inmediata de los sistemas automatizados cuando exista riesgo grave e inminente para los derechos fundamentales de los trabajadores.
Articulado
Por otro lado, se determina que el trabajador tiene “derecho a conectarse y desconectarse en los momentos que considere oportunos”, esto sin obligación de permanencia continua ni asistencia mínima diaria, al tiempo que podrá rechazar tareas sin sufrir represalias de ningún tipo. En ese plano, expone que la jornada de trabajo no podrá exceder los límites máximos diarios y semanales establecidos en la legislación y los convenios colectivos de trabajo aplicables y que entre el cese de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar una pausa mínima e ininterrumpida de doce horas.
Finalmente, establece un régimen de sanciones y señala que serán consideradas infracciones “muy graves” acciones como la falta de transparencia algorítmica, la negativa a brindar “revisión humana” en los reclamos, el menoscabo de la reputación digital y la portabilidad de datos, y la violación de la prohibición de trabajo de personas menores de 18 años.
Proyecto bonaerense
En tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ultima los detalles para su propia legislación al respecto, que girará a la Legislatura en los próximos días. Este miércoles, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, dijo que “muchos van a trabajar al Rappi, están tratando de sobrevivir de esa manera” porque “es el colchón de hoy, la última frontera, como lo fueron los remises o las canchas de pádel en los ‘90”.
A fines del año pasado, se informó el impulso de un proyecto que contempla tres ejes: potenciar las inspecciones laborales en lo que se denominan “tiendas invisibles”; garantizar la salud y seguridad laboral de los trabajadores; la creación de una aplicación para acercarles beneficios tales como un botón de pánico, aviso rápido de seguridad o salud para accidentes en vía pública; y accesos a descuentos especiales para la adquisición de insumos indispensables para sus tareas.
Por caso, sobre el primer punto se incluye la obligación a las empresas de contratar un seguro de accidentes personales que garantice cobertura integral frente a los riesgos de la actividad, incluyendo muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia. A través de la app, en tanto, se buscará establecer responsabilidades en los empresarios respecto de las condiciones laborales de estos trabajadores, haciendo foco en los aspectos de salud y seguridad laboral de los mismos, que son clara competencia provincial, y también que observen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.