En el marco de un plenario de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, uno de los líderes de la CGT ratificó que seguirán con la estrategia judicial contra la reforma laboral, pese a un fallo contrario, y adelantó que “continuará dando pelea” contra la iniciativa del oficialismo. Jorge Sola además realizó fuertes críticas al rumbo económico y laboral del gobierno libertario, e interpeló al peronismo a “construir una alternativa, algo que se viene gestando en varios frentes justicialistas”. En un contexto marcado por la caída del empleo, el cierre de empresas y el deterioro del poder adquisitivo, el titular de la CGT cuestionó la reforma laboral aprobada y advirtió que el movimiento obrero continuará dando la pelea en todos los frentes, incluido el político.
“Una de las instancias que habíamos previsto era la de la justicia. Pasamos primero por tratar de convencer a los legisladores y a las legisladoras, senadores, diputados, gobernadores. Hemos estado reunidos con gran cantidad de funcionarios para tratar de convencerlos de que esta ley no tuviera el aval político”, recordó Sola al explicar el recorrido que hizo la central obrera para intentar frenar la iniciativa. En ese marco, apuntó directamente contra diputados y senadores, especialmente estos últimos, quienes respaldaron la reforma en el Congreso: “Yo veo que en muchos casos han corrompido el mandato electoral que le han dado los trabajadores en las provincias, porque a muchos no lo votaron para que levantaran la mano a favor de esta reforma”.
El secretario general del Sindicato del Seguro recordó además que la CGT desplegó movilizaciones y medidas de fuerza para intentar frenar el avance de la ley. “Nos manifestamos en la calle como segunda instancia. Estuvimos en Plaza de Mayo, estuvimos en la Plaza de los Congresos, más de 300 mil personas en esas convocatorias. Hicimos un paro general. No pudimos torcer la mano en esto, pero vamos por la instancia judicial”, proyectó.
Cuestionamientos
En paralelo, Sola cuestionó el modelo económico que impulsa el gobierno, al que responsabilizó por el deterioro del entramado productivo. “Es necesario un proyecto productivo que no existe acá, que no lo dice el gobierno en sus discursos, que solamente habla de macroeconomía, de ajustes fiscales y nunca de proyectos de inversiones productivas”, remarcó. En ese sentido, el dirigente vinculó el retroceso económico con las políticas de apertura de importaciones, la fuerte caída del consumo interno y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, factores que están golpeando con especial dureza a las pequeñas y medianas empresas y al empleo en el interior del país.
El secretario general de la CGT también puso cifras al deterioro social y productivo. “300 mil puestos de laburo menos, más de 21 mil empresas menos. Todo el cordón productivo que es Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, hundido”, enumeró. Frente a este escenario, sostuvo que el malestar social comienza a crecer y planteó la necesidad de construir una salida política: “Ese mal humor social está. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, oponerse a esto, pero para eso hay que ganar también con las herramientas que la democracia nos da”. En ese marco, dentro del peronismo se multiplican los debates y encuentros entre sectores sindicales, políticos y sociales con la intención de reconstruir una alternativa capaz de representar nuevamente a los trabajadores, aunque todavía persisten diferencias internas y la falta de una conducción que logre consolidar un proyecto político unificado frente al modelo económico del Gobierno.
Nuevo pedido
En tanto, la CGT presentó una nueva impugnación judicial contra la reforma laboral, esta vez ante el fuero del Trabajo, luego de sufrir un primer revés en la Justicia al ser rechazada una medida cautelar que buscaba frenar parte de la norma. La decisión se produjo después de que el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, desestimara el pedido de suspensión de dos artículos de la ley vinculados con el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado consideró que no se configuraba el “peligro en la demora”, requisito necesario para otorgar una cautelar que suspenda la aplicación de una norma.
Tras ese fallo, la central sindical reformuló su estrategia judicial y resolvió avanzar con una nueva presentación directamente en el fuero laboral. El objetivo es que los tribunales especializados analicen la constitucionalidad de distintos artículos de la reforma. Desde la conducción sindical sostienen que varios puntos de la ley vulneran derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales que protegen a los trabajadores. En ese sentido, el planteo judicial busca cuestionar aspectos centrales de la reforma y abrir la posibilidad de que se dicten fallos que limiten su aplicación.
La ofensiva judicial forma parte de la estrategia adoptada por la CGT tras la aprobación de la norma en el Congreso. Con estas acciones, la central obrera pretende que la Justicia declare la inconstitucionalidad de disposiciones que, según su interpretación, implican un retroceso en materia de derechos laborales y afectan el funcionamiento histórico del fuero del Trabajo.