Algodonera Avellaneda, compañía del Grupo Vicentín, quedó al borde de la quiebra después de que se venciera el plazo establecido por la Justicia para intentar su salvataje. Ubicada en Reconquista, Santa Fe, la firma atraviesa un concurso preventivo de acreedores y en donde reina una gran incertidumbre, sobre todo por sus 360 trabajadores.
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso el procedimiento, cuya convocatoria comenzó el 29 de septiembre y finalizó el lunes 5 de octubre, sin que se registraran propuestas, ofertas ni solicitudes de inscripción para adquirir las acciones de la compañía.
El intento de salvataje, conocido como cramdown, fue habilitada en su momento después de que la firma no lograra reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo preventivo. Dicho mecanismo permite que terceros, acreedores o cooperativas de trabajadores intentaran asumir el control de la empresa y negociar una salida a la crisis.
Con el vencimiento del plazo sin interesados, Algodonera Avellaneda está cerca de la quiebra, la cual podría producirse en los últimos días. Dicho escenario, hace más inestable el escenario para los 360 trabajadores, cuya suerte está atada a la evolución del proceso judicial y al proceso industrial.
Banco Nación, un acreedor clave
Con respecto a este último punto, la planta operaba aproximadamente al 60% de su capacidad debido a inconvenientes en la maquinaria de hilandería. Además, operaba con contratos de fasón, una modalidad por la cual la empresa realizaba tareas de procesamiento industrial para terceros. Los ingresos obtenidos se destinaban al pago de salarios, pero no generaban excedentes suficientes para afrontar las deudas acumuladas.
Uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo había sido la deuda con el Banco Nación, entidad que concentraba más del 80% del pasivo quirografario computable. Según el expediente, el crédito verificado y admisible ascendía a 1.585,7 millones de pesos y 260,79 millones de dólares.
Previamente a la apertura del salvataje, la empresa había solicitado que el Banco Nación fuera excluido del cálculo de las mayorías necesarias para aprobar el acuerdo con los acreedores. La firma argumentó que la entidad actuaba como un “acreedor hostil” porque no había prestado su conformidad a la propuesta presentada.
Sin embargo, para la entidad bancaria, las condiciones ofrecidas por Algodonera Avellaneda no permitían recuperar la totalidad de los desembolsos realizados. Esta diferencia impidió que la compañía consiguiera las adhesiones exigidas por la legislación concursal.
Finalmente, Lorenzini rechazó el planteo de la textil, dado que entendió que pese al peso determinante del Banco Nación dentro del concurso, la entidad financiera había actuado en defensa de sus intereses como acreedor.
Bajo ritmo de producción
El juez también había advertido que la compañía presentaba “un patrimonio neto negativo”, con obligaciones que superaban considerablemente el valor de sus activos. Esta situación evidenciaba las dificultades para encontrar una alternativa que permitiera reorganizar el funcionamiento de la firma.
A fin de concretar el salvataje, la Justicia exigió el cumplimiento de una serie de requisitos para quienes pretendieran participar e incluía acreditar experiencia en la industria textil, disponer de canales comerciales activos y demostrar antecedentes de cumplimiento tributario durante los últimos cinco años.
La propia Algodonera Avellaneda también estaba habilitada para intervenir sin necesidad de inscripción previa, siempre que manifestara expresamente su voluntad dentro del expediente. Igualmente, el período de convocatoria finalizó sin que se presentaran terceros interesados en adquirir la compañía.
De esta manera, el fracaso del salvataje profundizó la situación concursal de la histórica textil santafesina.